El Reconocimiento de Honduras

El golpe de estado de Honduras de 2009 puso término al gobierno de Manuel Zelaya, que buscaba perpetuarse en el poder a través de una reelección prohibida por la constitución de su país. El golpe puso en el poder a Roberto Micheletti.

El nuevo gobierno concitó la unánime desaprobación de la comunidad internacional. La OEA rechazó el golpe de Estado y trató infructuosamente de reestablecer en el poder a Zelaya. Se abrieron instancias de diálogo indirectas, conducidas por Oscar Arias, que fracasaron. Ante la imposibilidad de obtener frutos del diálogo, el Gobierno de Micheletti sigue con su cronograma original y convoca a elecciones, que gana el candidato oficialista Porfirio Lobo el 30 de noviembre de 2009.

Las elecciones fueron validadas por observadores internacionales, pese a cuestionarse su legitimidad de origen por algunos países. Muy pronto la comunidad internacional, incluyendo Estados Unidos, Europa y casi todos los países centroamericanos, reconocieron al gobierno de Lobo. Sin embargo, los países del ALBA, encabezado por Venezuela, mantienen el rechazo. Esta posición es seguida por casi todos los países sudamericanos, incluido Chile. La OEA no ha readmitido a Honduras en su asamblea, cuya participación suspendió al asumir Micheletti.

El reconocimiento de un gobierno, según la doctrina, debe darse cuando este ejerce efectivamente su autoridad en su territorio, y cuando además este declara que cumplirá sus obligaciones internacionales. Ambas situaciones se dan en el caso hondureño. En adición, su gobierno ha sido legitimado por elecciones claramente democráticas. ¿Cuál es la razón para seguir desconociendo su gobierno?

Los trascendidos señalan que Sudamérica ha condicionado el reconocimiento del gobierno hondureño al levantamiento de los cargos criminales y órdenes de captura que pesan sobre Zelaya. Nos parece ilegítimo que la comunidad sudamericana esté capturada por la situación personal del ex-presidente. La vigilancia de la vigencia de los derechos fundamentales en Honduras puede ser garantizada por la comunidad internacional a través de la Corte Interamericana, a la que podrá recurrir Zelaya si los siente vulnerados. La presión realizada por Sudamérica no sólo resulta inútil, sinó que también contraproducente, al mantener alejada a Honduras de la comunidad interamericana, y también ilegítima, a oponer asuntos internos de carácter judicial a la legalidad internacional.

Sin duda que el alineamiento político en Sudamérica se encuentra en el fondo de este asunto. Los compromisos de los países del ALBA con Zelaya son conocidos, a los que se ha sumado el importante apoyo de Brasil, que busca tener un rol internacional relevante. Sin embargo, Chile no tiene nada que ganar con esta posición, excepto algo de buena voluntad de algunos de nuestros vecinos, que dudosamente se concretará en hechos concretos. El mantenerse en esta posición sólo consigue mantener el predominio del dudosamente democrático gobierno Venezolano en Sudamérica, en perjuicio de una nación pequeña y pobre, pero cuyo gobierno exhibe credenciales democráticas claras.

Nuestro gobierno no debe tardar en reconocer al gobierno de Lobo. Es lo que el Derecho manda y lo que la prudencia política recomienda.