40 años no es nada

Me resulta aburrido escuchar y leer sobre el golpe militar del ´73. El Chile de hoy tiene poco o nada que ver con la sociedad post-hippie, pese a lo mucho que algunos intenten plantear lo contrario: Una historia rosa de la democracia de aquellos años que tiene muchas similitudes con aquella que otro sector pretendió generar 500 años antes a partir de la conquista de América.

Tengo 48 años, lo que me hace recordar con cierta claridad los eventos de aquellos años. Recuerdo las noticias en blanco y negro y los diarios. Recuerdo los viajes con mi padre a localidades rurales para conseguir alimentos que escaseaban, el chancho chino y los sesos fritos, las botellas de aceite vacías de manera permanente arriba de la citroneta, por si encontrábamos de camino algún negocio de que dispusiera de ese producto. Me ponía contento salir temprano del colegio, aunque ello se debiera a un anuncio de bomba. En los 17 años del régimen fui menos que un actor de reparto, quizá apenas un extra en el drama. No era ciego a lo que pasaba, pero tampoco inmune a la propaganda oficial. Tomé la decisión de estudiar Derecho en la Universidad de Chile, donde pude ver lo que a lo mejor en gran parte del resto de Chile era invisible.

Nuestra generación recibió un país dividido, trizado, empobrecido y desigual, y le está entregando a la que viene una nación próspera, inquieta y democrática. Si no tuviera tanta carga, bien podríamos decir misión cumplida. Pero los fantasmas del pasado reviven de tiempo en tiempo, y este es uno de aquellos. La campaña orquestada contra Juan Emilio Cheyre es una muestra palmaria de aquello, y un cambio paradigmático en la estrategia de reivindicación de la izquierda.

Desde el informe Rettig en adelante ha existido un esfuerzo por encarcelar a los culpables de violaciones a los derechos humanos durante la Dictadura (para los puristas recordemos que el mismo Pinochet calificó a su régimen de Dictablanda). Se pasaron por alto algunos detalles propios del Estado de Derecho en los procesos, como presumir que quien fue secuestrado en los 70, seguía en esa situación al cambiar el siglo, a fin de no tener que lidiar con la enojosa institución de la prescripción. En fin, la justicia a veces requiere algo de cinismo. El problema con al persecución a Cheyre es que ya no se acusa a quien cometió un crimen, sinó que a quien quizá pudo denunciarlo, o quizá sabe algo mas de lo que dice, o quizá simplemente estuvo en el lugar y posición equivocados en el momento menos apropiado. La culpa fue apoyar a un régimen del que no se quiso o no se pudo intuir que realizó la gran barbarie del Chile del siglo XX.

Estas culpas indirectas abren un amplio espectro a las recriminaciones. Mucha gente en la derecha dice no haber sabido. Los que sabían arguyen que pensaron que eran excesos de unos pocos. Y los que vieron algo mas, pensaron que era el mal menor. En fin, muchos tendrán (o tendremos) que dar explicaciones a San Pedro, pero abrir en la tierra esta caja de Pandora obliga a cuestionarnos por las causas de la barbarie, mediatas o inmediatas. Desde la CIA hasta El Mercurio, desde La Papelera al Partido Nacional, todos querían que el gobierno de Allende terminara. ¿Pero era esto simple inquina contra el socialismo de Allende?

Si se trata de buscar las verdaderas causas del golpe del 1973, mas allá del simple voluntarismo de las Fuerzas Armadas, éste se originó en el fracaso de la democracia. El sistema político y económico construido a partir de la constitución de 1925 falló en entregar los mínimos de prosperidad que el país requería. En la disyuntiva de definir el modelo de desarrollo requerido el país debió optar entre sistemas antagónicos: marxismo o liberalismo. La Democracia Cristiana buscó representar un camino intermedio, pero los dados de la polarización ya estaban echados. La misma DC engendró su propio dogmatismo al decir que no cambiaría una coma de su programa ni por un millón de votos. Por el lado de la izquierda la polarización llevó a que, en su Congreso de Chillán, el Partido Socialista legitimara la vía armada. La democracia era motejada de formal y burguesa, por lo que había que superarla por cualquier forma de lucha.

Al acceder al poder, con un exiguo tercio de los votos, Allende quiso acometer una agenda de transformaciones radicales. Por no tener el control del Congreso debió recurrir a los llamados resquicios legales. Se encontró un decreto de la época de la dictadura de Ibañez que permitía nombrar interventores en empresas paralizadas por cualquier causa, que fueran consideradas estratégicas. El esquema era el siguiente: 1) El sindicato paraba la empresa. 2) El gobierno la declaraba estratégica (aunque fuera una fábrica de juguetes) y 3) Nombraba un interventor, que normalmente era el presidente del sindicato. Al poco tiempo la productividad de la empresa se iba al suelo por las ineficiencias en la gestión. Algo similar ocurrió con la Reforma Agraria. Se pensó originalmente que los fundos serían expropiados a los latifundistas y entregados títulos de dominio individuales a quienes trabajaban la tierra. Debido al gran número de inquilinos, debieron hacerse asignaciones colectivas en los llamados asentamientos. La deficiente calidad de gestión en estos generó también una disminución en la producción radical. Estos hechos generaron un grave desabastecimiento de todo tipo de bienes en el país. No fue la CIA, ni el gran empresariado, ni los camioneros los que llevaron la inflación a cifras superiores al 1000%, sinó que fue la radicalización del programa de la Unidad Popular.

Allende fue un inepto al tratar de ordenar a sus propias fuerzas. El Partido Socialista, encabezado por
Carlos Altamirano llamaba a diario a incendiar la pradera. El MIR, las Brigadas Ramona Parra, el MAPU y la Izquierda Cristiana desarrollaban sus propias iniciativas sin atender a ningún tipo de moderación. Quizás los únicos conscientes del riesgo estaban el el Partido Comunista. El gobierno no supo, o no quiso ordenar a sus partidarios a fin de que distinguieran lo factible de lo utópico.

No solo la economía estaba quebrada. Las ilegalidades del gobierno y las vías de hecho de sus partidarios fueron condenadas en innumerables ocasiones por los tribunales de justicia. Sin embargo aquél no acataba los fallos cuando estos no le eran convenientes, y no transmitía las órdenes correspondientes a la fuerza pública cuando lo creía inapropiado. No sólo la economía, sinó que también el Estado de Derecho había quebrando mucho antes del 11 de septiembre de 1973.

En esta perspectiva, antes de acusar a Cheyre, debemos exigir las disculpas de todos aquellos que torcieron nuestra democracia al punto de hacer inevitable su quiebre. Allende, como Pinochet, ya no podrá dar explicaciones, pero aun tenemos muchos políticos que ejercieron cargos de poder en el gobierno de la UP que no han dado la cara al país. ¿Alguien ha exigido a los ex-MIR ex-MAPU y ex-IC que expliquen su actuar principista? ¿Alguien ha dado excusas pública como autoridad del Partido Socialista por pretender infiltrar a la Armada? ¿Alguno de los que hoy prende velas a Salvador Allende es capaz de reconocer que en su momento lo dejó solo políticamente? Sin duda todos estos tienen mucho mas que explicar que Cheyre.

Como dije al principio, pertenezco a una generación que valora los acuerdo y consensos, por tener en la memoria el destino trágico a que llevó la radicalización política en nuestro país. La política no es un ejercicio lineal. Siempre hay avances y retrocesos, interpretaciones y reinterpretaciones. Pero nuestra generación, con sus luces y sombras, caminando en este permanente zig-zag, ha sabido superar la indigencia, y dejar al país a las puertas del desarrollo. ¿Será capaz de nueva generación, que nos mira de reojo y con desconfianza, conseguir en 20 o 30 años mas, objetivos tan grandes como los que nosotros, todos los chilenos, hemos logrado en estos años?

¿Es posible vender un Gobierno de Derecha?

Los movimientos políticos de la derecha posteriores a la primaria presidencial de junio de 2013 no hacen sinó reflejar un desánimo generalizado. Una percepción de que la lucha presidencial está perdida y que hay que rescatar lo que se pueda en las parlamentarias, o ir tras las faldas de los sectores mas moderados de la Concertación. Mas allá del innegable arraigo popular de Bachelet, existe una falla sistemática en la forma en que se presentan las ideas de derecha en las campañas. Es lo que algunos denominan "el relato", pero que excede la sola extrategia comunicacional. Aquí van alguna ideas al respecto.

La derecha configura el poder político, económico y social de abajo hacia arriba. Son los ciudadanos y los consumidores quienes toman las decisiones mas relevantes dentro del ámbito que les compete. Suyos son los éxitos del modelo. Cuando el gobierno insiste en sus éxitos en creación de empleo, crecimiento y desarrollo, está reforzando en la mente colectiva la importacia del Estado en estos logros, desmereciendo subsecuentemente el de las personas. Es un tiro en el zapato producido por el narcisimo político. Nunca he escuchado al presidente ni a ningún ministro o subsecretario expresar mínimamente que el éxito económico de los últimos años se debe al tesón de trabajadores y empresarios que han hecho su pega, y que el rol del gobierno consiste en liberar esta fuerzas para que sean lo mas productivas posible.

Si a esta forma de enfrentar los éxitos económicos agregamos otras situaciones que son de innegable interés público, como la superación de efectos de catástrofes (terremoto, mineros, Juan Fernandez, etc.), la conducción de la política exterior (La Haya), la protección de los mas débiles (bonos, post natal, abusos), entre otros, el gobierno ha continuado reforzando en el inconsciente colectivo que el su rol en la actividad pública es lo que define nuestro desarrollo.

El no enfatizar la importancia del rol de los privados en el desarrollo hace aparecer a la derecha como protectora de los poderosos cuando defiende el rol de los privados en la educaión, previsión y salud públicas, en vez de reforzar el hecho de que, con buena supervisión, su rol generará un valor social mayor que el que puede generar el Estado por si solo.

Este error lleva a trastocar la estrategia comunicacional en situaciones menos benignas. Los casos de abusos son los mas significativos. Abuso es el antónimo de uso. Las herramientas de que disponemos para realizar cualquier labor pueden ser mal utilizadas, pero se olvida que su buen uso normalmente es la regla general. Cuando se critica el alto costo (real o supuesto) de las AFP, para sugerir su reemplazo por un ente público, nadie pregunta a los ciudadanos si prefieren que el dinero que tienen ahorrado los administre un ente privado, en una cuenta personal, o si prefieren entregarlo a un ente público, sin seguimiento alguno a los fondos generados, a cambio de una promesa política de que al final de su vida laboral tendrán una recompensa adecuada. En el caso de La Polar, nadie dice que los principales afectados son los inverionistas, y que pagaron caro el error en confiar sus dineros en ejecutivos inescrupulosos. Malas palabras como colusión y monopolio muchas veces tiene como víctimas no solo a consumidores, sinó que a otros empresarios. Cuándo se acusa que algunas empresas no pagan cotizaciones previsionales o impuestos, todos están de acuerdo en que constituyen prácticas contraria a los trabajadores o del Estado, pero nadie las denuncia como una forma de dumping contra otras empresas, que si pagan estos conceptos.

Si queremos defender la ideas de derecha, no sólo debemos reforzar conceptos como "aplanar la cancha" y "fiscalizar los abusos", sino que también, y con la misma fuerza, la idea de que es el hombre y su fuerza creadora, la que define el desarrollo de la sociedad.

Aysen: Entre la Igualdad y la discriminación

Protestas en Aysén. Caminos tomados, barricadas, encapuchados, apedreos y el menú que ya se nos está haciendo habitual. Pareciese que el sólo hecho de encontrarnos frente a este tipo de manifestaciones es una garantía de que sus demandas son justas. Tal como en el viejo oeste se decía que no hay indio bueno, hoy podemos decir que no existen reivindicaciones sociales injustas. Hay que subirse a cuanta micro pase, aunque no sepamos a donde nos lleva. A protestar que el mundo se va a acabar.

¿Vendrá el día en que la ciudadanía se preguntará por la justicia de las demandas de cada grupo de presión que administra estas protestas? Quizá baste el que cada uno se pregunte cómo lo afectan las demandas en lo personal. Aquí presento una comparación acerca del tratamiento que me daría el Estado si viviera en la región de Aysén, contrastado con el que me da viviendo en mi comuna de Buin, donde resido en la realidad. Te invito a hacer el mismo ejercicio para tu región.

La mayor parte de las demandas sociales se traducen finalmente en una presión por incrementar la asistencia del Estado al grupo de presión de que se trate. Es interesante entonces comparar los presupuestos públicos asociados a las distintas regiones. De acuerdo a un estudio de CEPAL para el año 2004, la distribución del gasto entre las regiones en que yo podría residir es la siguiente:

Región Metropolitana: 26,6%

Región de Aysén:         0,6%

Estos guarismo resultan impresionantes, pero nuestro asombro puede trastocarse al ajustarlos de acuerdo a la población, determinado cuánto es el gasto público per cápita del Estado en cada una de las regiones. En efecto, la región metropolitana tenía en esa época una población superior a los 6,5 millones de habitantes (40% del total nacional), mientras que Aysén no llegaba a los 100.000 (0,6%). Esto significa que por cada peso que gasta el Estado por habitante en la Región Metropolitana, gasta 1,5 en Aysén. Un ciudadano de Aysén vale un 50% mas que uno de Santiago para el Estado.

Imaginemos los ciudadanos de la Región Metropolitana que el Estado incrementara el gasto en nosotros en un 50%. Quizá no tendríamos que pagar peajes por desplazarnos dentro de la ciudad, la calidad de nuestras escuelas se incrementaría dramáticamente, el Trasantiago podría ser gratuito... Mira tu bolsillo nuevamente, y piensa si de verdad estás de acuerdo con las protestas en Aysén.

Cifras de inversión pública per cápita que entrega el mismo estudio para el año 2005 son mas dramáticas. Por cada habitante de la Región Metropolitana el gobierno invirtió US$195, mientras que para los habitantes de Aysén la cifra es de US$743, ¡Casi cuatro veces mas! Piensa nuevamente si el Estado multiplicara su inversión en carreteras, hospitales y escuelas por cuatro en Santiago ¿Cómo cambiaría tu vida?

Esta cruda realidad económica se explica también por la iniquidad del sistema político. En teoría, todos los chilenos nacemos iguales en dignidad y derechos, pero parece que, como en la Granja de los Animales, hay algunos mas iguales que otros. Tal como dije mas arriba, yo vivo en la comuna de Buin, que corresponde al distrito 30 y a la séptima circunscripción. Si viviera en Aysén votaría en el distrito 59, que es idéntico territorialmente a la décimo octava circunscripción. 

El sistema binominal hace que en cada circunscripción y en cada distrito se elijan a dos de los candidatos entre las listas que se presenten. En este sentido, en el distrito 30 (San Bernardo, Calera de Tango, Buin) votaron cerca de 170.000 personas en las elecciones de 2009, mientras que en el 59 (Aysen) votaron 44.000, eligiendo la misma cantidad de diputados en ambos casos. Cada voto en Aysén vale lo que 4 en mi distrito. En el caso de la elección de Senadores la realidad es mas dramática. En las últimas elecciones celebradas en esas circunscripciones (2005 - 2009) votaron las mismas 44.000 personas en Aysén, mientras que lo hizo 1.350.000 en Santiago Poniente. El voto Aysenino vale 40 veces mas que el de mi zona. Verdes claros son pocos, pero oscuros parece que somos muchos.... 

Los números son números, si quieres seguir comulgando con ruedas de carreta está bien, sal a protestar. Total, quizá mañana te toque a ti.

Empresa, Empresarios y Gobierno. ¿Cuál Neoliberalismo?

"Este es el gobierno de los Empresarios."

"Este gobierno potencia el Emprendimiento."

Son dos frases muy parecidas, pero que conllevan un sustrato político y ético diametralmente opuesto. Y esta dicotomía nos habla mucho de las percepciones del público en relación a la actuación del gobierno. Por una parte, muchos lo ven como el advenimiento de los gremios de las grandes empresas, de los poderosos, al poder político. Para otros es un gobierno que facilitará el desarrollo de la empresa privada, entendida como motor básico del desarrollo y del crecimiento, en aras del bien común.

Sin embargo, el gobierno ha emprendido diversas iniciativas de fiscalización de las empresas en el ámbito laboral, ambiental, de la protección del consumidor y de la libre competencia. Se ha abierto también una ventana para la realización de una reforma tributaria que puede implicar un incremento en la tasa a pagar a nivel corporativo. Unos ven estas medidas como reacciones forzadas por la presión social, intentando además asociar a los involucrados con autoridades de gobierno. Por el otro lado son vistas como una transacción populista sobre los principales valores que debe encarnar un gobierno de derecha. Es la compra de las banderas de la oposición.

Se tiende a asociar a los empresarios con los grandes gremios agrupados en la CPP, ignorando que cuando el gobierno habla de empresarios incluye a la cadena que inicia con la microempresa y termina con las transnacionales. Hablar de "Gobierno de Empresarios" acentúa el sesgo elitista de la palabra, intentando incomodar al Presidente, al asociarlo al gran capital, olvidando que los afectos de éste por aquel nunca han sido fuertes, ni mucho menos.

Una mirada tan solo un poco mas que superficial de lo hecho por la autoridad publica nos da cuenta que las visiones descritras están profundamente equivocadas. Este gobierno promueve el desarrollo de la actividad empresarial. Ha tomado medidas para potenciar o defender este desarrollo en ámbitos sectoriales (agricultura, educación escolar, minería, turismo), tributarios (art. 18 quater), y macroeconómicos. Sin embargo, nunca la defensa de la empresa se ha asociado en forma necesaria con los grandes empresarios. La fiscalización de bancos, gran comercio, industria y tantos otros en materia de regulación ambiental, de protección del consumidor y del inversionista, y de legislación antimonopólicas no atentan contra estos valores.

El neo-liberalismo que encarna este gobierno siempre ha tenido dos vertientes. Simplificando, hay una proveniente de Estados Unidos, promovida por Milton Friedmann que nos dice que toda actividad regulatoria del Estado es peligrosa y potencialmente nociva. Otra vertiente es Europea, y se encarnó en Michael Novak y la escuela Austriaca. Ellos parten de la base de que el mejor asignador de recursos es el mercado, pero los mercados 100% perfectos no existen, por lo que el Estado debe regular sus imperfecciones y jugar un rol activo en mejorarlos y proteger a los mas débiles de los abusos de los poderosos.

El rol que le ha impreso al Estado el Presidente Piñera, y notoriamente los ministros Longueira y Matthei cuadran perfectamente con los valores liberales reseñados por Novak, aunque para los seguidores de la Escuela de Chicago esto sea una traición a los valores propios (y para los "empresarios" también).

El Marqués y el Príncipe

Me cae bien Carolos Larraín. Tipo campechano, responde a todo con la libertad de los que juegan fuerte, pero sabiendo que tiene de sobra para cubrir el riesgo. Su origen aristocrático se remonta a la colonia, donde su linaje, llamado "de los 800" por su influencia y número, dirigieron los destinos de la nación desde la trastienda, sin posicionarse en la primera fila, pero siempre con niveles de influencia significativos sobre los que están nominalmente en el poder. En otro tiempo habría llevado bien puesto un título nobiliario. No es raro entonces que el único cargo de elección popular que haya ganado nuestro cuasi marqués ha sido el de Concejal por Las Condes. Desde allí fue una piedra en el zapato para todos los alcaldes de turno, siempre de su propio sector.

Carlos Larraín es presidente de Renovación Nacional. Este partido surgió a principios de los '80 bajo el nombre de Unión Nacional, como una alternativa de derecha al gremialismo, asimilado por entonces al gobierno de Pinochet. Agrupó a sectores liberales (desde la perspectiva política, no sólo económica como los vinculados al gremialismo), pero también a sectores conservadores, hasta corporativistas, que veían con recelo a los Chicago Boys. Esta doble vertiente se mantiene hasta hoy. Una derecha liberal, principalmente santiaguina, y una conservadora, proveniente de las zonas rurales mas tradicionales y a algunos ultramontanos metropolitanos. Desde este último sector proviene el férreo control que mantiene Larraín sobre su partido, desde el cual se proyectó al Senado como reemplazo de Andrés Allamand, tras ser designado ministro de defensa por el Presidente Piñera. Paradojalmente, Allamand, fundador del partido y su primer presidente, es una figura paradigmática de la derecha liberal.

Ignacio Walker pertenece a la generación perdida de la Democracia Cristiana. Los fundadores del movimiento en Chile lo crearon como una alternativa a la derecha conservadora de mediados del siglo pasado. Se enraizó en la clase media, de donde provenían parte importante de sus líderes. La generación de Ignacio Walker corresponde a la de los hijos de estos fundadores. Llegaron al poder para detener el descenso en la adhesión al otrora partido mas grande de Chile. El Príncipe ha visto su actuar coartado por el hecho de estar situado frente a un gobierno de derecha que llegó al poder copando el centro político, y su socios de izquierda, que tironean a su coalición mas allá de las fronteras naturales de la doctrina que le es propia. 

El último presidente democratacristiano, Eduardo Frei Ruiz Tagle, dejó el poder hace 14 años, y desde entonces el partido no ha tenido ninguna figura capaz de proyectarse como presidenciable. Desde entonces la DC ha jugado en la cuerda floja. Ha sido un muro de contención para las propuestas ultristas de un sector del PPD y a propuestas alejadas de sus valores. El partido parece acomodado siendo una minoría en la Concertación. Desde allí ejerce su poder de veto y sirve de bisagra a algunas iniciativas del gobierno. Las intrigas de la corte parecen venirle bien al partido del Príncipe.

El Principe Walker y el Marqués Larraín han propuesto un nuevo sistema político para Chile. Mucho se ha hablado de que el documento que han concordado plantea cambiar el actual sistema binominal por uno proporcional corregido. La verdad que es esto no significa nada. La forma como se "corrija" la proporcionalidad puede tener muchas variables. La verdad es que el propio sistema binominal es "proporcional", sólo que considera dos candidatos electos por circunscripción. Se requiere un acuerdo con un nivel de detalle mayor para tomarlo en serio.

En lo que si se explaya el documento es en lo que denomina un sistema "semipresidencial". Considera un presidente con funciones protocolares, de defensa y relaciones internacionales; y un jefe político, Primer Ministro, que concentre la acción política. Este se elegiría por el parlamento (no se dice si uni o bicameral). Se replica fundamentalmente la experiencia francesa. Sin embargo, a diferencia de dicho país, en Chile las Relaciones Internacionales y la Defensa nunca han sido temas de debate público significativo. Todos los gobiernos, desde Allende hasta Pinochet, han mantenido una política de Estado uniforme respecto de los principales aspectos de la política internacional del país. Parece fuera de lugar tener esta figura decorativa, que en varios países ha resultado ser mas un foco de vergüenza, que alguien de verdadera utilidad en la definición de políticas públicas.

Un Primer Ministro, bajo algunos regímenes electorales proporcionales resultan ser monigotes al vaivén de inestables alianzas políticas centradas en el parlamento. Grupos minoritarios adquieren poder significativamente mayor al de su realidad electoral al actuar como bisagras frente a los bloques mayores. Algo de esto ya lo hemos visto en Chile, incluso con binominal. Los juegos de poder en la Corte pasan a reemplazar al voto popular. ¿Esta es la manera de reencantar al ciudadano con la política? ¿Será esto lo que acomoda al Marqués y al Príncipe?

El sistema binominal ya no cumple la misión para la que fue creado. Su naturaleza fue pervertida desde su origen, al incorporar pactos y subpactos que atentaban contra su esencia. La evolución política también la ha superado. Pero que esto no sirva para hacer un experimento político. En Chile hemos tenido Presidentes democráticos de diversos orígenes, pero todos probos y enfocados en el desarrollo del país. Su poder puede estar hipertrofiado, pero moderar estas facultades no implican la necesidad de barrer nuestra historia democrática de un plumazo. La democratización de la estructura interna de los partidos, la modificación del sistema de urgencias para el despacho de las leyes por el parlamento, y muchos otros ajustes podrán equilibrar el poder presidencial sin necesidad de disolver un sistema de gobierno que se ha mostrado eficaz en resolver los problemas de la ciudadanía, mal que pese a nuestros simpáticos cortesanos.

GOBIERNO MILITAR, DICTADURA Y EDUCACIÓN

Denominar al Régimen imperante en Chile durante el período 1973-1988 como Gobierno Militar es una afirmación verdadera. Llamarlo Dictadura también. Otros nombres se le pueden dar: gobierno neoliberal, gobierno autoritario, autocracia, etc. Toda denominación intenta describir los aspectos principales del objeto que intenta definir. Quien utiliza una formula u otra lo hará en la perspectiva de aquello que represente los aspectos mas significativos del objeto que intenta describir, obviamente desde su propio prisma. La carga ideológica implícita en todo sustantivo resulta entonces ineludible, sin que ninguno de ellos represente necesariamente una falsedad. Es perfectamente legítimo que cada persona interprete desde su propia perspectiva un hecho, sin que ello implique la negación del hecho en si mismo.

Distinto es el caso de denominaciones que tienden a desvirtuar la esencia del significado. Cuando al mismo Gobierno de Pinochet se lo denominó de "salvación nacional" o cuando se señala a los gobiernos chino o cubano como democráticos, se tergiversa su naturaleza, implicando realidades que no existen, y no tan solo enfatizando un ángulo específico del mismo. Hay una diferencia entre el énfasis de una parte de un fenómeno y la intención positiva de vestir dicho evento de ropaje que jamás ha tenido.

Hecha esta diferenciación entre acepciones legítimas e ilegítimas, cabe preguntarse por el alcance de los hechos que generaron la polémica en torno al nombre dado al gobierno de Pinochet. Esta denominación fue modificada en un documento referido a las Bases Curriculares para el sector de historia para 6º básico. Las Bases Curriculares son definidas por el Ministerio de Educación con acuerdo del Consejo Nacional de Educación, un organismo autónomo regido por la Ley General de Educación del año 2009. Estas Bases Curriculares son los contenidos mínimos que deben contener los programas de estudio. No son los programas en si mismos, sobre los cuales las distintas comunidades educativas tienen amplia libertad de proponer los énfasis que estimen.

De esta forma es bastante irrelevante cómo se denomine al período 1973-1988 en las Bases Curriculares, en tanto cada texto de estudio, y cada Programa adoptado por cada comunidad educativa puede poner los énfasis que estime del caso. Esto es lo que se denomina Libertad de Educación.

Este hecho nos regresa al amplio debate surgido el año pasado en torno a la educación. El Movimiento Estudiantil y un sector importante del mundo político buscan desmantelar el sistema de financiamiento compartido, especialmente cuando se trata de sostenedores con fines de lucro. La existencia de la mas amplia variedad de oferta educativa permite a los padres encontrar aquellas instituciones que presenten modelos educativos mas acordes a su sistema de valores. Cualquier restricción que no vaya en el sentido de garantizar que las Bases Curriculares sean cubiertas por los planes y programas, y de que existan las condiciones físicas que garanticen que el proceso educativo sea eficaz, resulta ilegítima. La orientación ideológica, como el destino y uso de los recursos, son aspectos en los que el Estado no debiera tener competencias para involucrarse.

La Derecha: ¿Está todo Perdido?

Con la llegada al poder de Sebastián Piñera la derecha consiguió instalarse democráticamente por primera vez en 40 años. Esto generó la ilusión de que prontamente muchas de sus propuestas programáticas serían implementadas, y el país se encaminaría por un camino de desarrollo que haría cambiar las percepciones predominantemente centro-izquierdistas existentes en el país.

El terremoto consiguió que el gobierno tuviera que hacer un giro en sus prioridades, perdiendo la oportunidad que se da al recién llegado de tomar sus primeras medidas con una oposición debilitada. Errores propios, ampliamente publicitados y agrandados por parte de la oposición, han conseguido aislar al gobierno del apoyo ciudadano. La crisis generada por el advenimiento del movimiento estudiantil parece haber dado el tiro de gracia a sus intenciones refundacionales, limitándose a responder de crisis en crisis, resignádose apenas a tratar de recuperar el apoyo del tercio de la ciudadanía que usualmente sostiene a la derecha. El cambio y la nueva mayoría parecen ser un sueño lejano e impracticable.

Las medidas parecen hoy centrarse en dar señales de autoridad que pongan énfasis en el orden público, tan anhelado por el electorado de derecha, con barnices de políticas sociales, sentidas como robadas del ideario de la izquierda. Visto de este modo, nos encontramos con un gobierno que aparenta enviar medidas de parche que sirven para justificar la represión de los movimientos sociales. Le nueva derecha no aparece por ninguna parte, y el desánimo cunde entre sus filas.

Sin embargo yo soy de los optimistas que piensan que no hay mal que por bien no vengan, y que siempre se le puede dar una vuelta a la tuerca del destino. Y en política, los dos años que quedan a este gobierno, bien utilizados pueden bastar.

Los valores tradicionalmente asociados a la derecha parten con el orden público y el ejercicio de la autoridad. Los propios jamás aceptarán el enseñoramiento del caos. Parte del éxito de los veinte años de la Concertación es debido a que la derecha estaba dispuesta a tranzar algunas de sus banderas liberales a cambio de la estabilidad y cohesión social que le proponía dicha coalición. Por ello los empresarios amaban a Lagos. Sin embargo el ejercicio de la autoridad se puede caricaturizar con lo hecho por dos ministros distintos del gabinete. Por un lado, el ministro Hintzpeter trató de vestirse de sheriff, fracasando estrepitosamente en su intento de perfilarse como el adalid de la seguridad ciudadana. Sus errores al subir el perfil a casos que han terminado desmoronándose, como el del paquistaní y de las bombas, lo tienen al borde de la salida del ministerio. En contraste, el Ministro Bulnes, que no ha sido precisamente un blando a la hora de negociar, es respetado por su seriedad al enfrentar momentos difíciles, primero en la tragedia de la cárcel y luego en la larga  lucha de desgaste con los estudiantes. Es curioso destacar como, pese a la animadversión de parte del movimiento estudiantil por la posición que representa el Ministro de Educación, su figura nunca  ha sufrido los embates ni denostación pública que rodea a otras autoridades del gobierno, particularmente con su antecesor. Sus dichos pueden ser rechazados, pero su figura de autoridad es respetada aun por sus adversarios. Existe un reconocimiento de la seriedad del Ministro, mas allá de compartir o no sus puntos de vista. Esto es lo que verdaderamente se llama autoridad y que debe potenciar, mas allá de los juegos pirotécnicos para demostrar que esta se detenta con el poder de la fuerza.

El segundo pilar donde la derecha sustenta sus posiciones es el de la libertad. En este aspecto ello ha sido siempre matizado en su grado entre conservadores y liberales. Esta es una centenaria lucha entre aquellos que fundan sus posiciones en valores tradicionales, cercanos al humanismo cristiano, y aquellos que lo hacen desde una perspectiva liberal y laica. Esta es una tensión permanente y que, por lo demás, trasciende a la propia derecha recorriendo el centro, y hasta parte de la izquierda tradicional. Resulta imprescindible que ambas almas de la derecha logren concensos que permitan dar señales de gobernabilidad a la ciudadanía. Sin embargo, lo que mas falta es el énfasis en el discurso (o relato) acerca de las bondades para todos, ricos y pobres, que tiene el ejercicio de la libertad. Falta explicar como la energía liberadora de la iniciativa privada se transforma en bienestar para todos.

El caso de la educación es el mas dramático. Se ha tratado demostrar por parte de la izquierda que la mala calidad de la educación se debe al hecho de existir las escuelas subvencionadas. Al no conseguirlo, se argumentó que ella profundiza las iniquidades. Por parte del Gobierno el respaldo a las instituciones privadas se ha visto como un apoyo al capital, a los poderosos, sin que este haya enfatizado cómo la existencia de instituciones privadas genera diversidad de valores y procedimientos educativos, da mas espacio de libertad a los propios padres, y logra incrementar significativamente la cobertura educacional del país. La derecha debe enfatizar que la heterogeneidad es un valor que se debe contrastar vis-a-vis con los que propugna la izquierda. Si se respeta (y hasta promueve) la diversidad en otros ámbitos - étnico, sexual, estético, etc. - ¿por qué se quiere restringir en el ámbito educativo al Estado o agentes sin fines de lucro? Es el triunfo de la burocracia, los grupos de poder, Iglesias y grupos ideológicos, que tienen fuentes de financiamiento propios, frente al individuo particular, que debe vivir de su trabajo, y cuyos intereses particulares vayan del lado de la educación; y también frente al padre y madre, que se debe someter a la decisión de los mismos grupos descritos al momento de elegir un colegio para sus hijos.

El tercer y último pilar es el de la protección social. Creer en la libertad no excluye, sinó que requiere que exista un umbral mínimo de igualdad en el punto de partida. La promoción de la competencia y los límites a eventuales abusos de poder dominante, la regulación de los contratos de adhesión, y, sobre todo, la promoción de aquellos sectores que acceden al mercado en condiciones tan desfavorables que no les es posible incorporarse sino que en forma marginal al sistema. Nivelar la cancha es un valor a promover. La diferencia entre la derecha y sus adversarios es el principio de subsidiariedad. El socialismo promueve un sistema económico y social en que sea el estado el que provea los bienes y servicios que requieren los ciudadanos -el llamado Estado de Bienestar-. Es el Estado el que determina el tipo de educación, salud o vivienda que debe tener la persona. El principio de subsidiariedad señala que la elección es del ciudadano, luego de las organizaciones intermedias, y sólo en último término actúa el Estado. Los programas sociales del gobierno no son, como se quiere hacer ver, una apropiación de valores del socialismo, sino que son principios propios de la derecha. La lucha que dan los estudiantes tiene un marcado cariz individualista. Son ellos por obtener una mejor y mas económica educación para ellos mismo. Hay poca lírica en esto, pero si un hecho fundamental: la búsqueda del interés propio. No hay lucha de clases y hay mucha sociedad de consumo. Es necesario demostrar que limitar la acción del estado deviene en un mayor bienestar para todos.

Mas allá de lo valores propios de la derecha, hay una deuda en el gobierno con la gestión y la comunicación de sus políticas. Falta rapidez y eficiencia en la adopción e implementación de políticas agresivas de carácter redistributivo enfocadas a los sectores mas bajos de la población. Las reformas educativas han sido tibias. La transacción en la aprobación del postnatal extendido generó una de las políticas mas regresivas implementadas en decenios.  Hace falta un proyecto emblemático que amplíe significativamente la cobertura de la educación preescolar y la implementación de reformas que aseguran la calidad, especialmente dentro de la educación básica y media. Y se requiere que los proyectos insinuados sean presentados como proyectos de ley, no sólo como declaraciones de intenciones, de manera que puedan constituir un relato claro para la ciudadanía, y no sean percibida como medidas de parche para ablandar a los estudiantes.

Se ha querido hacer ver que todo lo bueno de los últimos 20 años es obra de la Concertación, mientras que los problemas vienen de la falta de apoyo de la derecha. La verdad es que los límites impuestos por el juego parlamentario es lo que permitió que el centro controlara los impulsos estatizadores de las fuerzas centrífugas concertacionistas. Sin ello, el éxito de dicha coalición, y del país, de los últimos decenios hubiera sido una quimera. Al mismo tiempo, hay que reconocer que las instituciones que sostienen el sistema político están desbordadas. No hay que anclarse a ellas, sino que buscar alternativas que permitan mejorar los esquemas de representación ciudadana y permitan razonables niveles de gobernabilidad.

Al acercarnos a la medianía del período presidencial se abre la última oportunidad de dar un golpe de timón: fin a la pirotecnia, profundización de aquellas medidas en que existe convicción, con proyectos de ley claros, precisos y financiados. Se puede y se debe hacer. La gente lo reconocerá.

Indignaos También

El veterano francés de la Segunda Guerra Mundial Stephane Hessel ha incendiado occidente con su panfleto "Indignaos". En el llama a la resistencia pacífica contra las políticas neoliberales y otra serie de causas, apelando al espíritu de la refundación francesa posterior a aquella conflagración y al de la Declaración Universal de Derechos del Hombre.


Indignarse puede ser una buena o mala práctica, dependiendo del color del cristal con que se mire. De hecho, como todos los sentimientos, la indignación de un individuo es indiferente desde un punto de vista de políticas públicas, por pertenecer exclusivamente a la esfera privada. Lo que no es indiferente en términos públicos es el llamado a la movilización a propósito de este indignación. Estas movilizaciones si son hechos públicos, mas o menos legítimos, dependiendo de la forma y circunstancias en que se realicen.


El llamado a la indignación de Hessel tiene que ver con diversas causas, primeramente contra el neoliberalismo, pero también incluye la ecología y la causa palestina entre otros. Mas allá de si adherimos o no a ellas, el llamado primigenio a la movilización tiene también un valor ambivalente. Si ella representa un llamado a la creación de una opinión pública favorable a ciertas causas y sus métodos son pacíficos y ordenados, representarán un ejercicio legítimo de la libertad de expresión. Por el contrario, estas expresiones pueden adquirir un marcado cariz antidemocrático si pretenden sustituir la voluntad popular, manifestada a través del sufragio universal, por aquella de los mas vociferantes o de grupos de presión. 


Los ciudadanos somos llamados periódicamente a elegir nuestras autoridades. Consejales, Alcaldes, Diputados, Senadores y el Presidente de la República tienen la obligación de ejecutar los programas que presentaron a la ciudadanía que los eligió. Este es el verdadero sentido de la democracia. El pueblo se manifiesta a través de elecciones. La opinión pública genera el ambiente y sustrato sobre el cual los políticos elaboran sus programas. Este diálogo permanente entre autoridades, candidatos y opinión pública es lo que da riqueza a la democracia y permite el desarrollo de los países en un modo armónico con los intereses de la nación.


Me indigna que aquellos que perdieron las elecciones pretendan pasar por encima de la voluntad popular, utilizando grupos de presión para impedir que el programa de quienes ganaron las elecciones pueda ser ejecutado. Es perfectamente legítimo que se realicen marchas y, el que así lo quiera, se manifieste públicamente, sin violentar el derecho de los demás a utilizar los espacios públicos. Lo que no es aceptable es que, mas allá de la influencia que estos movimientos puedan generar en la opinión pública, puedan cooptar las potestades de las autoridades legítimamente elegidas. Este sería el inicio de una forma de neo-corporativismo, con la posibilidad de generar resultados tan nefastos como aquellos que surgieron de esta forma de pensamiento en Italia y Alemania después de la primera guerra mundial, y contra los cuales el mismo Hessel combatió con fuerza.


En este año hemos visto tres grandes manifestaciones públicas en Santiago: Aquella en contra la aprobación de Hidroaysen, la que apoya la institucionalización de las relaciones homosexuales y la que convoca a los partícipes de la educación pública. Pero existe una gran diferencia entre ellas. Las dos primeras constituyen manifestaciones que pretenden influir en la opinión pública sobre una causa, mientras que las tomas y manifestaciones de los estudiantes, profesores y rectores constituyen una forma de cooptar a los poderes públicos legítimamente establecidos, pretendiendo imponer políticas por parte de personas que no han sido jamás elegidas por nadie para hacerlo.


Me indigna que una masa de ciudadanos que escasamente se han inscrito en los registros electorales, pretendan imponernos políticas a quienes optamos por sacrificar apenas dos medios días cada dos años para manifestar nuestra opinión en las urnas. ¿Acaso creen que su voto tiene mas valor que el nuestro? ¿Piensan que son tan superiores que no necesitan votar para imponer sus puntos de vista y que les basta con lo gritos, las tomas y la destrucción del mobiliario público?


Me indigna que las mayorías menos organizadas sean pasadas a llevar sin miramientos. Aquellos que no pueden tomarse sus puestos de trabajo por que los necesitan para pagar sus cuentas, y deben trabajar para vivir no pueden manifestarse sinó a través de las urnas. Estas son las mayorías que deben ser valoradas.


Me indigna la forma como mucha gente vende, y otros compran panfletos. El valor de consignas como "no al lucro", "el agua es de todos" o "igualdad (aunque seamos desiguales)" carecen de todos sustento racional, pero se repiten como cuentas de rosario. 


Me indigna como los políticos se mueven como veletas, se suben a los buses que otros conducen, por oportunismos de última hora.


Me indignan los trascendidos, las verdades a medias, con que se manipula a la opinión pública.


Si señor Hessel. Habemos muchos indignados, pero algunos debemos seguir trabajando, pagando impuestos y cuentas, para financiar a aquellos que no saben otra cosa que subirse a cuanta manifestación existe, comprar cuanto panfleto se venda a vil precio, y cooptar a las mayorías que se expresan a través del voto.

Las 5 Claves del Gobierno de Piñera

Con seis meses en el poder es posible precisar las claves sobre las que el Gobierno ha orientado su actuar. Estos elementos transversales a todas las instancias políticas, han intentado permear el trabajo de las distintas instituciones públicas.

1. Eficacia

El Gobierno se ha propuesto, por sobre todo, la obtención de resultados concretos. Sus ministros tienen claras sus tareas, contenidas en el programa de Gobierno. Se les ha pedido ejecutarlas con precisión y en tiempos acotados. No hay tolerencia hacia el trabajo a medias. La escasez de figuras políticas de peso en el gabinete permite que sus miembros de focalicen en la gestión, sin agendas propias.

2. Mediciones

Para lo anterior, el Gobierno ha solicitado a sus ministros la cuantificación de sus objetivos, a fin de que sean fácilmente auditables. Conocida fue la fecha límite para el regreso a clases en las zonas afectadas por el terremoto, pero también se han establecido metas cuantitativas en otros ministerios sectoriales como Vivienda y Trabajo, además de las que son propias en Hacienda y Economía.

3. Politica como Instrumento

Sin embargo la tecnocracia no es la dueña del Gobierno. Este no ha trepidado en ir adelante y atrás, tranzar metas parciales a fin de llegar al objetivo mayor. El Ministro del Interior ha ejercido su rol de jefe político con habilidad, haciendo retiradas tácticas y transacciones cuando ha sido necesario. Los casos del impuesto específico a la minería, de la depreciación acelerada, y de la central de Barrancones constituyen marchas atrás, con mas o menos convicción. En todos ellos se ha tratado de ejercicios de política real, alejada de dogmatismos. 

4. Omnipresencia

Las campañas políticas exigen que el candidato esté presente en cuanto evento le de figuración pública. No es el mismo caso cuando se gobierna. Las cámaras siguen al Presidente haga lo que haga, y no es necesario sobregirarse en actividades para que los noticieros le den minutos. Esta sencilla lección ha sido difícilmente comprendida por el Presidente. Su afán de aparecer en cuanto evento exista le jugo muchas malas pasadas. Sus excesos con la selección de fútbol conllevaron una baja en las encuestas. La lección fue aparentemente aprendida. En el caso de los mineros sus figuraciones fueron contadas y evaluadas a fin de no generar anticuerpos. El resultado fue satisfactorio, al punto que permitió una remontada en las encuestas de mas de 10 puntos en un mes.

5. Alianzas Políticas

El Presidente ha insistido en el concepto de gobierno de unidad nacional. El Gobierno ha comprendido que estando en minoría en el Congreso debe buscar acuerdos para sacar adelante las leyes que necesita. El concepto de Unidad Nacional es un eufemismo para conseguir que los partidos de centro, principalmente la Democracia Cristiana, se una al gobierno o, al menos, mantenga una línea separada del resto de la Concertación. No lo ha conseguido. Ha logrado levantar figuras, como el Ministro de Defensa, pero ello no ha impedido que la gran base de la oposición se mantenga unida. Mas aun, las alianzas con el PC auguran un difícil resultado para la Alianza en las Elecciones Municipales del próximo año. Por supuesto que es mas fácil mantenerse como un solo bloque cuando se debe destruir mas que construir. Hasta ahora no han existido proyectos que vayan a la linea de flotación de la unidad de la Concertación. Es sabido que las diferencias políticas son grandes, pero no han existido iniciativas del gobierno que prueben esta unidad.

Al cabo de estos seis meses podemos decir que la fase de instalación del Gobierno está terminada. Muy pronto deberá empezar a mostrar resultados concretos a fin de proyectarlos en los resultados de las elecciones municipales de 2011. Un fracaso en estas implicará un debilitamiento de su poder, con el riesgo de que sus últimos dos años resulten difíciles de sobrellevar con una oposición empoderada. Un resultado exitoso, por el contrario, podría implicar una balcanización de la Concertación, lo que facilitaría que un mayor número de sus descolgados se acerquen al Gobierno, permitiendo efectivamente cumplir con el objetivo de liderar el gobierno de Unidad Nacional que tanto anhela el Presidente.

El Dilema de Walker

Ignacio Walker ha sido elegido por amplia mayoría como nuevo presidente de la Democracia Cristiana. La elección misma ha representado un cambio sideral con anteriores contiendas en el partido de la flecha. Los Carmengate y los conflictos entre gutistas, colorines etc., han quedado de lado en esta oportunidad. La participación de políticos con agenda real contrasta con los operadores que compitieron en el pasado. El clima electoral, con las legítimas diferencias que implica una elección de este tipo, jamás se planteó en términos de descalificación hacia el contendor. Parece que la amistad cívica vuelve a la DC. Bueno para ella y bueno para el país.

Sin embargo, este cambio de perspectiva interna contrasta con los grandes desafíos que la realidad política le endosa a Walker. El forma parte de una generación de políticos formada en el rigor de la dictadura. Su lucha de aquellos años los aproximo a los partidos de izquierda. Se tejieron fuertes lazos personales al compartir hechos épicos desde las protestas de 1983 en adelante. Estos lazos fueron reforzados en la lucha por los derechos humanos y luego, al llegar al poder, se ataron en el ejercicio de los cargos públicos que los unió en un destino común.

La fuerza de estos lazos permitió que la Democracia Cristiana mantuviera un poder de veto dentro de la Concertación en los temas que le resultaban mas sensibles. Las llamadas "cuestiones valóricas" fueron postergadas en el ideario de la izquierda por respeto a sus socios. La Democracia Cristiana cedió cuotas de poder significativas a cambio, tales como dar su respaldo a dos presidentes socialistas sucesivos.

Estos lazos humanos y políticos contrasta con las visiones que representa la DC en oposición a sus socios de izquierda. En importantes cuestiones, que estarán en el centro de la discusión de políticas públicas en los próximos años, las posiciones típicas de izquierda contrastan con las falangistas. En materia de educación, la recentralización de la educación pública propuesta por la izquierda, en temas valóricos, el proyecto de matrimonios homosexuales del ex-presidente socialista Fulvio Rossi, y el planteamiento de modificar de fondo el sistema económico, enfrentan las visiones predominantes de la DC, con las de la izquierda concertacionista y extraconcertacionista.

Temas sociales y políticos diferenciaban las posiciones DC con la derecha. Sin embargo, las acciones del gobierno de Piñera han diluido esta frontera. Las propuestas de cambios de impuestos, particularmente el impuesto específico a la minería, el fortalecimiento de algunas agencias fiscalizadoras del gobierno, como el Sernac y el SERNAGEOMIN, y las propuestas de cambio en el sistema electoral, son ejemplos de banderas de izquierda que ha tomado como propias el gobierno de Piñera.

En este escenario, el desafío para Walker es enorme. Una oposición frontal al gobierno puede hacer que la DC quede mimetizada dentro del mar de la izquierda que, por su naturaleza, tendrá una confrontación de fondo con muchas de las ideas del gobierno. La DC, en este escenario, puede terminar oponiéndose a políticas y medidas que sean próximas al corazón de sus adherentes, tal como ocurrió en las elecciones de 2009. Puede quedar arrinconada y reducida por un Gobierno que gane en valoración popular, y por una izquierda con posiciones ideológicas antagónicas, que concentre el descontento de parte de la población con el gobierno.

Una aproximación al Gobierno puede ser igual de peligrosa. La desconfianza de las bases de la DC hacia la derecha es endémica. Su rechazo hacia la UDI es visceral e histórica. Mas aun, una mayor cercanía puede diluir las opciones de un perfilamiento propio, con el riesgo de diluir su apoyo ciudadano, tal como ocurrió con el Partido Radical luego del gobierno de Gonzalez Videla.

El desafío de Walker es enorme, quizá mayor de lo que el intuye. Sólo una clara y realista estrategia de futuro podrá sostener a la DC como principal articulador político del país, como lo ha sido en los últimos 50 años. La ambiguedad no es una opción en esta oportunidad.

El Indulto

La Iglesia a propuesto al Gobierno de Chile una reducción de penas de carácter mas o menos general, con motivo de la celebración del Bicentenario. La concesión de indultos tiene una larga data en la historia universal y deriva de tres vertientes principales:

1. LA EQUIDAD: La justicia administrada por los órganos competentes se rige por leyes generales. Cada ley es creada sobre la base de un modelo de sociedad estático y fijo según los valores, creencias y cultura vigentes al momento de su dictación. Las leyes deben ser impersonales y generales, no pudiendo atender a cada caso particular. En este sentido, ya Aristóteles distinguía la Justicia de la Equidad, definiendo ésta como la aplicación de la primera al caso particular. Los antiguos hablaban ya de que sumum jus, summa injuria, llamando a limitar el alcance del ejercicio del derecho en los caso en que este cree condiciones particulares inicuas. El indulto es una medida tendiente a otorgar a la autoridad la posibilidad de ajustar las penas de personas que han comparecido ante la justicia, y cuyas condiciones particulares indican que no resulta justa la pena que cumplen. Esto ocurrió en Chile en los noventa, cuando se conmutó la pena de muerte a un condenado, dado que una parte importante de la sociedad estimaba que esta sanción, contemplada en la ley, resultaba inicua.
2. LA MAGNANIMIDAD: La pena, concebida como la sanción social de una conducta reprobable, tiene un efecto disuasivo general, en tanto envía a la sociedad un mensaje en torno a las consecuencias probables de una acción, y también de carácter particular, al evitar que el sancionado pueda seguir cometiendo delitos. Esta vertiente permitió que los gobernantes remitieran penas de condenados, muchas veces por situaciones de alcance político, cuando su control de la sociedad es pleno. Junto con contribuir a la paz social, esta medida transmite la imagen de un gobernante bondadoso, pero empoderado, que no tiene temor de que la liberación de adversarios pueda constituirse en un riesgo para su posición. Este tipo de beneficios se otorga en fechas importantes para la sociedad, de modo de realzar el poder del gobernante en esos momentos. Conocido es el caso del juicio de Jesús en que, con motivo de la Pascua, el gobernador romano liberaba a un prisionero. Esta liberación no puso jamás en entredicho la autoridad del gobernador ni del Cesar, como tampoco el imperio de la ley.
3. EL TEMOR: Finalmente, en la posición opuesta a la anterior, la autoridad genera este tipo de medidas cuando piensa que no hacerlo puede derivar en perjuicios para el ejercicio de su autoridad. Son muchos los casos en que la presión social o la de la comunidad internacional consiguió la liberación de presos de conciencia o, incluso de hechos de sangre. El caso mas reciente es la liberación de 52 presos en Cuba ante la fuerte presión recibida por ese Gobierno por parte de la comunidad internacional, en particular, de la Unión Europea.

La Iglesia funda su argumentación en las dos primeras razones. Son referencias a la equidad la demanda relativa a las malas condiciones carcelarias existentes y la falta de oportunidades de reinserción social. Asimismo, es un llamado a ella las solicitudes de rebaja de penas a presos mayores de 70 años, con enfermedades graves, o a las madres. Finalmente son un llamado a ver las situaciones particulares el requerimiento, respecto de los condenados por violaciones a derechos humanos, a revisar los grados de responsabilidad que le cupo al preso y de libertad con que actuó al cometer el delito.

La Iglesia hace un llamado a la equidad al no diferenciar en los beneficios según se trate de violadores de DDHH u otros, sin perjuicio de que la medida que se tome debe respetar el ordenamiento jurídico internacional, que hace imprescriptibles e inaministiables los delitos de lesa humanidad. Sin embargo esta norma es de dudosa aplicación en casos de reducciones de pena, mas aun tratándose de delitos cometidos antes de que ella existiera.

La Magnanimidad se da en la circunstancia en que se pide el indulto. Las fiestas del Bicentenario, según la Iglesia, deben ser una mesa para todos. Los presos no deben quedar excluidos a priori. La Iglesia hace ver que estos beneficios no degradan a la justicia, sino que la enaltecen. Llama en este sentido a considerar los gestos de humanidad y de arrepentimiento que los potenciales beneficiados puedan haber tenido.

Como es obvio, el temor no figura en la argumentación de la Iglesia. Sin embargo es un argumento que puede pesar, en sentido inverso, en las acciones que adopte el Gobierno. El presidente Piñera, desde la campaña, ha debido desmarcarse de quienes lo acusan de estar asociado a los herederos de la dictadura, cercanos a los violadores de DDHH. El exceso de celo en marcar esta distancia puede generar un rechazo a priori de los planteamientos de la Iglesia.

La argumentación de la Iglesia es un llamado a la misericordia, considerando cada caso particular. No es posible que medidas de esta naturaleza sean adoptadas por el legislador. Contrariamente a una corriente que parece ir creciendo en el tiempo, la autoridad del Presidente de otorgar indultos lleva implícita la idea de que él podrá ajustar en lo particular lo que a la ley le resulta imposible en lo general. Es el desafío para nuestras autoridades. Al ser elegido el Presidente, parte de nuestra soberanía personal y social queda delegada en sus manos. ¿Tendrá nuestro Presidente el valor de tomar las decisiones que su conciencia le convoque?

ERRADICACIÓN DE LA INDIGENCIA

MITOS Y REALIDADES DE LA ENCUESTA CASEN

Ha surgido un intenso debate a partir de la publicación de la encuesta Casen y sus cambios en el período 2006 2009. Dentro del cúmulo de ideas políticas y técnicas que han salido a propósito de ella ha pasado con cierta indiferencia pública la promesa presidencial de eliminar la indigencia a finales del actual gobierno.

La indigencia se define normalmente como la condición por la cual una persona, con sus ingresos, no percibe lo suficiente para satisfacer sus necesidades alimenticias. Se distingue de la pobreza en tanto aquella, además de los requerimientos nutricionales, incorpora otras necesidades básicas, como son vivienda y salud. En la metodología adoptada por la Casen, se establece un multiplicador por sobre el nivel de indigencia para estimar la linea de pobreza.

Dado que uno de los principales detonantes del incremento del nivel de indigencia ha sido el alza de precios de los alimentos en los últimos años, de existir un desacople en la variación de estos con los de otros bienes de primera necesidad, podría pensarse que se ha sobreestimado la linea de pobreza. Efectivamente, entre diciembre de 2006 y diciembre de 2009 el IPC aumentó en un 13,9%. Sin embargo, en el mismo período la división alimentos de este índice se incrementó en un 32,9%. Es factible entonces pensar que el factor multiplicador de la línea de pobreza no debió incrementarse linealmente. Lo que es lógico desde un punto estadístico, a fin de mantener la rigurosidad en las series estadísticas y evitar eventuales manipulaciones de las cifras, no puede inducir un exceso de pesimismo en el logro del objetivo de la disminución de la pobreza e indigencia en el mediano plazo.

Esta alza en los precios de los alimentos afectó principalmente a los hogares de menores ingresos, particularmente a los indigentes, que destinan un monto significativo de lo que ganan a este rubro. La promesa presidencial de eliminar (no reducir, sinó que erradicar) la indigencia en lo que queda de su mandato debe contrastarse con la caracterización de este segmento de la población. La encuesta nos entrega algunas luces al respecto:

1. Existe una mayor proporción de indigentes en la zonas rurales del centro sur de Chile (Araucanía, Bio-bio y Maule) con respecto a zonas urbanas. Existe además un incremento significativo de ella en la Región de Atacama, lo que puede requerir un análisis particular.
2. La mitad de los indigentes está desempleado, frente al 10% de la población general.
3. Hay una mayor participación porcentual de población indígena respecto de la población general (20% de pobreza indígena vs. 15% de la población general).
4. Indigentes y pobres tiene un promedio de escolaridad menor en un año y medio respecto de los no pobres.
5. Cerca de la mitad de los hogares pobres e indigentes tienen a la mujer como jefa de hogar, comparado con un 32% de los no pobres.
6. Existe un claro decrecimiento en el porcentaje de indigencia en función del aumento en la edad, desde un 6,3% en los menores de 3 años hasta un 2,1% en los mayores de 60.

Estos datos llevan a caracterizar a los indigentes como familias monoparentales con múltiples hijos, con bajo nivel de escolaridad, y que se dan en una mayor proporción entre miembros de pueblos originarios y en zonas rurales. El desempleo prevaleciente puede asociarse al caracter monoparental y baja escolaridad. Esto nos habla de causas estructurales, difíciles de solucionar en menos de una generación.

Al prometer erradicar la indigencia el Presidente ha dado las siguientes lineas de acción:

1. Disminución del desempleo
2. Protección de la familia
3. Disminución de la burocracia
4. Ingreso ético familiar

Sin duda que el empleo es el factor mas significativo en la reducción de la pobreza. Pero considerando hogares monoparentales de baja escolaridad el costo alternativo de salir a trabajar es muchas veces alto. El cuidado de niños y los bajos sueldo derivados de la falta de estudios ponen una barrera alta para que el indigente se incorpore al mercado formal del trabajo. La solución en estos casos probablemente va por el lado de introducir subvenciones a este tipo de hogares, en lo que se ha denominado "Ingreso ético familiar"(IEF).

La instrauración del IEF tiene beneficios morales, pero riesgos enormes derivados de la creación de bolsones de población renuentes a incorporarse al mercado laboral, por la posibilidad de perder los beneficios estatales, y el efecto demostración en el resto de la población. El Presidente ha señalado que el acceso a este beneficio estará asociado a obligaciones familiares relativas a la escolaridad de los hijos y otras similares, lo que disminuiría este riesgo moral.

Por otro lado, el costo de una medida de esta naturaleza puede ser significativo. Si pensamos que los 634.000 indigentes viven en familias de 4 personas y no perciben ingreso autónomo alguno, el aporte estatal debiera ser cercano a los $200.000 por familia. Bajo este supuesto, el costo de la medida sería cercano a los US$600.000.000 anuales. Es un costo altísimo, pero abordable si el Estado efectivamente logra llegar a los niveles de eficiencia que espera.

Sin embargo, este análisis no considera realizar aportes a los pobres no indigentes. Si pensamos que el ingreso familiar de estos debe suplementarse en $70.000 mensuales, bajo la misma estructura de hogares de 4 personas, el mayor costo para el estado sería cercano a los US$1.000.000.000.- anuales adicionales, lo que parece no ser financiable en el estado actual de las finanzas públicas. Un descenso en el desempleo afectará a este segmento en forma mucho mas significativa, pudiendo moderar esta cifra en montos importantes.

Existe el riesgo de inflación de estas cifras al existir para muchas personas un costo alternativo a salir a trabajar: el de perder los beneficios adquiridos a través del IEF. Además el potencial de fraudes puede terminar por destruir al sistema, tal como ocurrió con el sistema de subsidios a la vivienda durante el gobierno de Bachelet.

Hasta ahora no han habido anuncios formales de los verdaderos alcances de las medidas anunciadas, por lo que lo dicho no son sinó especulaciones respecto de lo que podría llegar a ser el sistema de protección social anunciado durante la campaña y esbozado por el Presidente en su última cadena de televisión. Lo que se viene parece ser grande y explicaría el interés del gobierno en evaluar programas sociales ineficaces y reorientar sus recursos a esta nueva iniciativa.

Finalmente, aun cuando todo lo dicho pueda ser realizado, existirá siempre un porcentaje de la población rescilente a los programas sociales. La marginalidad asociada a enfermedades mentales, drogadicción y alcoholismo siempre requerirá una intervención de distinta naturaleza. Aquí los estímulos habituales no funcionarán y, de no ser considerados, pueden hacer fracasar la promesa de eliminar la indigencia dentro del actual período presidencial.

Derechos Humanos en Cuba y la UE

El Canciller español Miguel Angel Moratinos anunció la liberación paulatina de medio centenar de disidentes cubanos, que sufren prisión u otras medidas de restricción desde el año 2003. Esto ocurre después del fallecimiento en el mes de febrero pasado de Orlando Zapata y del deterioro progresivo de salud de Guillermo Fariña, en ambos casos por causa de la huelga de hambre que mantuvieron en protesta por las violaciones a los derechos fundamentales de que son objeto. Junto a anunciar el acuerdo, Moratinos plantea la necesidad de eliminar la "Posición Común" asumida por los miembros de la Unión Europea en relación a Cuba.

La "Posición Común" consiste en una política obligatoria para todos los miembros de la Unión Europea (UE) adoptada en 1996 a partir de una iniciativa del entonces gobierno conservador español de José María Aznar, y adoptada por la unanimidad de los miembros de dicha Unión. La iniciativa manifiesta que el principal objeto de las relaciones de la UE con Cuba es la de favorecer un proceso de transición hacia una democracia pluralista y el respeto de los derechos humanos y libertades fundamentales, al tiempo que valora la apertura económica entonces naciente en la isla, y señala su intención de participar en ella. No contempla medidas o sanciones específicas, mas allá de expresar por distintas vías diplomáticas la necesidad de que exista una adscripción por parte de Cuba a los derechos humanos. Expresa su intención de mantener la cooperación económica y humanitaria con la isla. Es, en todo sentido, una declaración sin medidas coercitivas y que plantea una estrategia cooperativa para obtener cambios graduales en la situación de derechos humanos en Cuba, lo que contrasta con la posición frontal en las sanciones impuestas por Estados Unidos, que son ampliamente conocidas. La Posición Común exige una revisión de la situación de la isla semestralmente.

En 2003, ante el encarcelamiento de 75 opositores y la condena a muerte de 3 cubanos que secuestraron una barco para huir de la isla, la UE implementó sanciones. Ellas decían relación con un incremento de la participación de disidentes en actos en las embajadas en Cuba y una política mas activa en relación a la difusión de la situación de derechos humanos, como asimismo algunas medidas bastante tímidas de restricción de la cooperación cultural y los contactos políticos de alto nivel. Estas medidas fueron suspendidas en 2005 y abandonadas definitivamente en 2008, pese a mantenerse las razones que les dieron origen.

Luego del anuncio de liberación de los presos políticos por parte del Gobierno de Cuba tras negociaciones tripartitas con la Iglesia de Cuba y el canciller españos Miguel Angel Moratinos, éste anunció que consideraba innecesario mantener la Posición Común por parte de la UE. Con la liberación de los presos políticos encarcelados, el ahora socialista gobierno español logró evitar la imposición de sanciones mas drásticas a Cuba, justo en el momento en que corresponde hacer la revisión semestral de sus resultados, y en que aquél Madrid debe dejar la presidencia de la UE. De paso intenta desarmar la Posición Común, sentida como una camisa de fuerza heredada del gobierno de Aznar.

Las simpatías de los gobiernos socialistas con los hermanos Castro parecen hacer olvidar que Cuba es el último régimen totalitario del Hemisferio Occidental. La libertad de 52 presos políticos no impiden señalar que las leyes bajo las cuales fueron encarcelados siguen vigentes. La represión ejercida por el Estado Cubano sigue siendo brutal. Las libertades de asociación e información no constituyen derechos para los ciudadanos. La libertad ambulatoria es un principio por el que aun siguen muriendo quienes intentan salir de la isla. La libertad de educación queda subordinada al adoctrinamiento marxista en las escuelas y la libertad religiosa es también seriamente limitada.

La liberación de los presos de conciencia es una muestra de debilidad del régimen comunista ante el inminente incremento de sanciones por parte de la UE. En este estado de cosas lo que cabe es reforzar la presión internacional para obtener cambios permanentes que den paso a una democracia representativa y en pleno respeto de los derechos humanos. El Canciller Moratinos debe comprender que ni los intereses de las empresas españolas avecindadas en Cuba, ni la animadversión personal por las políticas del anterior gobierno del Partido Popular, pueden ser excusas para avalar la subsistencia del último régimen totalitario en América.

El Reconocimiento de Honduras

El golpe de estado de Honduras de 2009 puso término al gobierno de Manuel Zelaya, que buscaba perpetuarse en el poder a través de una reelección prohibida por la constitución de su país. El golpe puso en el poder a Roberto Micheletti.

El nuevo gobierno concitó la unánime desaprobación de la comunidad internacional. La OEA rechazó el golpe de Estado y trató infructuosamente de reestablecer en el poder a Zelaya. Se abrieron instancias de diálogo indirectas, conducidas por Oscar Arias, que fracasaron. Ante la imposibilidad de obtener frutos del diálogo, el Gobierno de Micheletti sigue con su cronograma original y convoca a elecciones, que gana el candidato oficialista Porfirio Lobo el 30 de noviembre de 2009.

Las elecciones fueron validadas por observadores internacionales, pese a cuestionarse su legitimidad de origen por algunos países. Muy pronto la comunidad internacional, incluyendo Estados Unidos, Europa y casi todos los países centroamericanos, reconocieron al gobierno de Lobo. Sin embargo, los países del ALBA, encabezado por Venezuela, mantienen el rechazo. Esta posición es seguida por casi todos los países sudamericanos, incluido Chile. La OEA no ha readmitido a Honduras en su asamblea, cuya participación suspendió al asumir Micheletti.

El reconocimiento de un gobierno, según la doctrina, debe darse cuando este ejerce efectivamente su autoridad en su territorio, y cuando además este declara que cumplirá sus obligaciones internacionales. Ambas situaciones se dan en el caso hondureño. En adición, su gobierno ha sido legitimado por elecciones claramente democráticas. ¿Cuál es la razón para seguir desconociendo su gobierno?

Los trascendidos señalan que Sudamérica ha condicionado el reconocimiento del gobierno hondureño al levantamiento de los cargos criminales y órdenes de captura que pesan sobre Zelaya. Nos parece ilegítimo que la comunidad sudamericana esté capturada por la situación personal del ex-presidente. La vigilancia de la vigencia de los derechos fundamentales en Honduras puede ser garantizada por la comunidad internacional a través de la Corte Interamericana, a la que podrá recurrir Zelaya si los siente vulnerados. La presión realizada por Sudamérica no sólo resulta inútil, sinó que también contraproducente, al mantener alejada a Honduras de la comunidad interamericana, y también ilegítima, a oponer asuntos internos de carácter judicial a la legalidad internacional.

Sin duda que el alineamiento político en Sudamérica se encuentra en el fondo de este asunto. Los compromisos de los países del ALBA con Zelaya son conocidos, a los que se ha sumado el importante apoyo de Brasil, que busca tener un rol internacional relevante. Sin embargo, Chile no tiene nada que ganar con esta posición, excepto algo de buena voluntad de algunos de nuestros vecinos, que dudosamente se concretará en hechos concretos. El mantenerse en esta posición sólo consigue mantener el predominio del dudosamente democrático gobierno Venezolano en Sudamérica, en perjuicio de una nación pequeña y pobre, pero cuyo gobierno exhibe credenciales democráticas claras.

Nuestro gobierno no debe tardar en reconocer al gobierno de Lobo. Es lo que el Derecho manda y lo que la prudencia política recomienda.

De Allende a Pinochet: La Guerra de las Imágenes

Las relaciones diplomáticas con Argentina han estado, desde el cambio de mando, condimentadas con un revisionismo histórico añejo y percudido. El cuadro de Allende como prócer americano en las celebraciones del bicentenario argentino, como asimismo las polémicas declaraciones de nuestro embajador ante la Casa Rosada nos retrotraen a un pasado que, para los chilenos, está mas cercano a los libros de historia que a los diarios.

Cada uno de nosotros tiene su propio juicio respecto de la Unidad Popular y el Gobierno Militar. Sin embargo, no es aventurado decir que ambas experiencias resultaron ser sumamente traumáticas para el país. Desde la perspectiva de la izquierda ya hace varias décadas se han reconocido los graves errores cometidos por el gobierno de Allende, como asimismo por los desordenados partidos que lo respaldaban. Hay quienes apoyaron dicho gobierno que hoy lo critican en tanto su objetivo de realizar un socialismo real en Chile resulta antidemocrático de fondo, mientras como otros hacen por considerar que la forma de implementarlo fue atolondrada y desordenada. Lo que nadie discute (aunque a veces es difícil que se reconozca en un fraseo exacto) es que fue un pésimo gobierno. Sus realizaciones fueron exiguas - en el tiempo lo único significativo que quedó del mismo fue la nacionalización del cobre- y el costo social en términos de inflación y pobreza generada fue gigantesco.

Quizá el mayor fracaso del gobierno de Allende haya sido su término. Aun si hubiera sido un buen gobierno en términos objetivos, el solo hecho de que hubiera sido derrocado por un golpe militar nos hace pensar que su manejo político fue, a lo menos, torpe. El no dimensionar el impacto de sus medidas en las Fuerzas Armadas nos habla de un gobierno miope, cerrado dentro de sus propios seguidores, y con una mirada de país limitada. Los militares no surgieron de la nada. Estaban allí cuando Allende llegó al poder, y su asonada no fue sino el reflejo de un vaso desbordado que no fue adecuadamente medido por quién vertía el agua sobre él.

El análisis para el Gobierno de Pinochet es mas difícil, por lo largo del mismo y por sus agudos contrastes. Sin embargo hay puntos de acuerdo básicos: Su falta de respeto a la persona humana, sobre la que se superpuso una visión de amigos-enemigos propia de la guerra fría permeará para siempre cualquier análisis del período. Por muchos que sean sus logros en términos económicos, la relativización del derecho a la vida y la libertad personal dejarán, con justicia, en un segundo plano estos avances. Sin duda que se lograron imponer transformaciones económicas y sociales que perduran hasta hoy, y que fueron de avanzada en su tiempo. Sin duda que la obtención de equilibrios macroeconómicos ha sido la base de la política económica de los gobiernos que lo sucedieron y que la reforma de pensiones eliminó una bomba de tiempo que países mas avanzados que Chile están enfrentando de modo dramático hoy. Sin embargo, el contraste con las violaciones a los derechos humanos hacen que estos significativos logros parezcan mas una excusa que avances reales.

Sin embargo, hoy encontramos las figuras de Allende y Pinochet ensalzadas por sus seguidores. Ambos bandos buscan en ellos o en sus gobiernos, elementos perdurables que permitan proyectar imágenes políticas poderosas en el tiempo. Debemos desenmascarar a estos falaces. No mas avenidas 11 de Septiembre ni Avenidas Salvador Allende. Sus imágenes deben ser eliminadas de plazas públicas y de sitios oficiales, debiendo quedar restringidas a libros de historia y museos. Si, Museos que nos hablen del horror del pasado de nuestro país en que los puentes del diálogo fueron rotos por la intransigencia de los extremistas de ambos bandos. Los Chilenos debemos rebelarnos contra quienes quieren levantar las figuras del pasado macabro que vivimos para construir un futuro. Aristóteles dijo que la política era el arte de lo posible. No levantemos altares a aquellos que trataron de imponer lo imposible, a través de la traición de los valores fundamentales del hombre y la democracia. Y menos, aceptemos que estas imágenes nos sean impuestas desde el extranjero.

El Voto de los Chilenos en el Extranjero

El Presidente Piñera ha anunciado la intención de realizar una reforma que permita el voto de los chilenos en el extranjero. En los últimos años esta idea ha ido ganando adeptos en el mundo político. Pero ¿cuáles son sus verdaderos alcances? ¿Se han ponderado todas las dimensiones de este tema?

La Historia y el Ahora

Se atribuye a los griegos la fundación de la democracia. Los ciudadanos atenienses votaban para elegir sus autoridades. Los romanos adoptaron el sistema y le dieron nombre de "Republica". Esta palabra viene precisamente del latín: res = cosa y publica = del pueblo. Entonces el gobierno se trata de administrar las cosas públicas, en contraste con las cosas privadas. Aquellas requieren de la voluntad popular en virtud de afectar a todo el pueblo. Es éste sobre quien recaeran los efectos de las políticas públicas y el que debe votar para decidir su forma de administración.

Las cosas públicas, en una sociedad moderna, alcanzan a temas tales como la provisión de servicios de seguridad pública y policía, defensa de enemigos externos, educación, salud, y de estabilidad económica para el buen desenvolvimiento y prosperidad social. Del mismo modo, estas actividades deben desarrollarse a través del pago de impuestos, los que también serán determinados como una política pública.

Todas estas actividades afectan en forma directa e inmediata a los habitantes que residen en el país. Ellos son los que recibirán los servicios que presta el Estado, y son los que financiarán, a través del pago de impuestos, estas prestaciones. En nuestro país se reconoce esta realidad desde hace muchos años, al concederse a los extranjeros residentes el derecho a voto. La concesión de este derecho permite no sólo integrar al inmigrante a la sociedad chilena, sino que principalmente, hacerlo partícipe de las decisiones que le afectarán.

¿Y los chilenos en el extranjero? Estos chilenos no pagan impuestos en Chile, no reciben educación ni salud pública, no les afectan las decisiones relativas a seguridad, economía, ni políticas sectoriales. ¿Por qué habrían de votar por algo que no les empece ni incumbe? Por que alguien a quien no le interesa, en en términos objetivos, habría de decidir lo que nos afectará a los residentes en Chile?

La Identidad Nacional

Muchos dicen que dar derecho a voto permite reforzar los lazos de identidad de los chilenos en el extranjero con el país. Depositar en una urna un papel cada 2 o 4 años no creo que sea suficiente para ello. Los que hemos vivido en el extranjero, especialmente aquellos que lo hicimos antes de la explosión de internet, sabemos que la distancia es dura. Hoy, las posibilidades que da este medio permite acceder a información de lo que sucede en casi cualquier parte del mundo. Sin embargo, esta información que recibimos por los medios globales de comunicación es parcial, y muchas veces, sesgada. Es muy distinto leer la noticia que vivirla y ser afectada por ella.

Los países europeos promueven los principios de ius sanguinus. Este principio permite acceder a la nacionalidad del país incluso a los hijos y nietos de los nacionales. Todos conocemos a personas que tienen la doble nacionalidad italiana o alemana. Ellos pueden votar en la elecciones de un país que nunca han visitado y cuyo idioma ni siquiera manejan. Ciertamente esto no es lo que se propone hoy, pero es un extremo al que se puede llegar por forzar una realidad inexistente.

Las Mejoras

La ausencia temporal del país no debiera inhabilitar el voto, sin embargo esto no debe confundirse con el de aquellos que han tomado la decisión legítima de abandonar el país y residir en otro. Ellos se sustraen voluntariamente del ámbito de acción de las políticas públicas. En este sentido, cabe diferenciar las ausencias temporales de las permanentes. Quien se traslada temporalmente, manteniendo un domicilio en Chile, debe pagar impuestos en Chile, según indica la Ley de Impuesto a la Renta, tanto por sus ingresos de fuente Chilena como extranjera. Consideramos que precisamente este debiera ser el criterio habilitante para acceder al voto.

El pago de impuestos en Chile en calidad de domiciliado o residente, como criterio habilitante para el voto, tiene las siguientes ventajas:

1. Es un criterio objetivo
2. Permite dar voto a quienes efectivamente tienen un vínculo real con el país.
3. Se asocia efectivamente los derechos con las obligaciones que implica la ciudadanía.

Esto no implica necesariamente dar voto a quienes pueden pagar. Puede perfectamente darse el caso que una persona se sujete al imperio de la Ley de Impuesto a la Renta en calidad de domiciliado en Chile, y termine no pagando nada en función de su nivel de ingreso u otras franquicias que proveen los tratados de doble tributación internacional. Sin embargo lo relevante es que la persona esté dispuesta a ser tratada de igual forma que una persona domiciliada en Chile, y de sujetarse al imperio de la ley en Chile en tal calidad.

Conclusiones

Consideramos que la simple nacionalidad no es el criterio exclusivo para otorgar el derecho a voto a los chilenos en el extranjero. Este voto debiera quedar sujeto al hecho de que dichos ciudadanos queden expuestos a los efectos de las políticas públicas, lo que quedará demostrado por el hecho de que queden sujetos al tratamiento dado a los domiciliados o residentes en Chile para los efectos de la Ley de Impuesto a la Renta.