ERRADICACIÓN DE LA INDIGENCIA

MITOS Y REALIDADES DE LA ENCUESTA CASEN

Ha surgido un intenso debate a partir de la publicación de la encuesta Casen y sus cambios en el período 2006 2009. Dentro del cúmulo de ideas políticas y técnicas que han salido a propósito de ella ha pasado con cierta indiferencia pública la promesa presidencial de eliminar la indigencia a finales del actual gobierno.

La indigencia se define normalmente como la condición por la cual una persona, con sus ingresos, no percibe lo suficiente para satisfacer sus necesidades alimenticias. Se distingue de la pobreza en tanto aquella, además de los requerimientos nutricionales, incorpora otras necesidades básicas, como son vivienda y salud. En la metodología adoptada por la Casen, se establece un multiplicador por sobre el nivel de indigencia para estimar la linea de pobreza.

Dado que uno de los principales detonantes del incremento del nivel de indigencia ha sido el alza de precios de los alimentos en los últimos años, de existir un desacople en la variación de estos con los de otros bienes de primera necesidad, podría pensarse que se ha sobreestimado la linea de pobreza. Efectivamente, entre diciembre de 2006 y diciembre de 2009 el IPC aumentó en un 13,9%. Sin embargo, en el mismo período la división alimentos de este índice se incrementó en un 32,9%. Es factible entonces pensar que el factor multiplicador de la línea de pobreza no debió incrementarse linealmente. Lo que es lógico desde un punto estadístico, a fin de mantener la rigurosidad en las series estadísticas y evitar eventuales manipulaciones de las cifras, no puede inducir un exceso de pesimismo en el logro del objetivo de la disminución de la pobreza e indigencia en el mediano plazo.

Esta alza en los precios de los alimentos afectó principalmente a los hogares de menores ingresos, particularmente a los indigentes, que destinan un monto significativo de lo que ganan a este rubro. La promesa presidencial de eliminar (no reducir, sinó que erradicar) la indigencia en lo que queda de su mandato debe contrastarse con la caracterización de este segmento de la población. La encuesta nos entrega algunas luces al respecto:

1. Existe una mayor proporción de indigentes en la zonas rurales del centro sur de Chile (Araucanía, Bio-bio y Maule) con respecto a zonas urbanas. Existe además un incremento significativo de ella en la Región de Atacama, lo que puede requerir un análisis particular.
2. La mitad de los indigentes está desempleado, frente al 10% de la población general.
3. Hay una mayor participación porcentual de población indígena respecto de la población general (20% de pobreza indígena vs. 15% de la población general).
4. Indigentes y pobres tiene un promedio de escolaridad menor en un año y medio respecto de los no pobres.
5. Cerca de la mitad de los hogares pobres e indigentes tienen a la mujer como jefa de hogar, comparado con un 32% de los no pobres.
6. Existe un claro decrecimiento en el porcentaje de indigencia en función del aumento en la edad, desde un 6,3% en los menores de 3 años hasta un 2,1% en los mayores de 60.

Estos datos llevan a caracterizar a los indigentes como familias monoparentales con múltiples hijos, con bajo nivel de escolaridad, y que se dan en una mayor proporción entre miembros de pueblos originarios y en zonas rurales. El desempleo prevaleciente puede asociarse al caracter monoparental y baja escolaridad. Esto nos habla de causas estructurales, difíciles de solucionar en menos de una generación.

Al prometer erradicar la indigencia el Presidente ha dado las siguientes lineas de acción:

1. Disminución del desempleo
2. Protección de la familia
3. Disminución de la burocracia
4. Ingreso ético familiar

Sin duda que el empleo es el factor mas significativo en la reducción de la pobreza. Pero considerando hogares monoparentales de baja escolaridad el costo alternativo de salir a trabajar es muchas veces alto. El cuidado de niños y los bajos sueldo derivados de la falta de estudios ponen una barrera alta para que el indigente se incorpore al mercado formal del trabajo. La solución en estos casos probablemente va por el lado de introducir subvenciones a este tipo de hogares, en lo que se ha denominado "Ingreso ético familiar"(IEF).

La instrauración del IEF tiene beneficios morales, pero riesgos enormes derivados de la creación de bolsones de población renuentes a incorporarse al mercado laboral, por la posibilidad de perder los beneficios estatales, y el efecto demostración en el resto de la población. El Presidente ha señalado que el acceso a este beneficio estará asociado a obligaciones familiares relativas a la escolaridad de los hijos y otras similares, lo que disminuiría este riesgo moral.

Por otro lado, el costo de una medida de esta naturaleza puede ser significativo. Si pensamos que los 634.000 indigentes viven en familias de 4 personas y no perciben ingreso autónomo alguno, el aporte estatal debiera ser cercano a los $200.000 por familia. Bajo este supuesto, el costo de la medida sería cercano a los US$600.000.000 anuales. Es un costo altísimo, pero abordable si el Estado efectivamente logra llegar a los niveles de eficiencia que espera.

Sin embargo, este análisis no considera realizar aportes a los pobres no indigentes. Si pensamos que el ingreso familiar de estos debe suplementarse en $70.000 mensuales, bajo la misma estructura de hogares de 4 personas, el mayor costo para el estado sería cercano a los US$1.000.000.000.- anuales adicionales, lo que parece no ser financiable en el estado actual de las finanzas públicas. Un descenso en el desempleo afectará a este segmento en forma mucho mas significativa, pudiendo moderar esta cifra en montos importantes.

Existe el riesgo de inflación de estas cifras al existir para muchas personas un costo alternativo a salir a trabajar: el de perder los beneficios adquiridos a través del IEF. Además el potencial de fraudes puede terminar por destruir al sistema, tal como ocurrió con el sistema de subsidios a la vivienda durante el gobierno de Bachelet.

Hasta ahora no han habido anuncios formales de los verdaderos alcances de las medidas anunciadas, por lo que lo dicho no son sinó especulaciones respecto de lo que podría llegar a ser el sistema de protección social anunciado durante la campaña y esbozado por el Presidente en su última cadena de televisión. Lo que se viene parece ser grande y explicaría el interés del gobierno en evaluar programas sociales ineficaces y reorientar sus recursos a esta nueva iniciativa.

Finalmente, aun cuando todo lo dicho pueda ser realizado, existirá siempre un porcentaje de la población rescilente a los programas sociales. La marginalidad asociada a enfermedades mentales, drogadicción y alcoholismo siempre requerirá una intervención de distinta naturaleza. Aquí los estímulos habituales no funcionarán y, de no ser considerados, pueden hacer fracasar la promesa de eliminar la indigencia dentro del actual período presidencial.