sábado, 10 de julio de 2010

Derechos Humanos en Cuba y la UE

El Canciller español Miguel Angel Moratinos anunció la liberación paulatina de medio centenar de disidentes cubanos, que sufren prisión u otras medidas de restricción desde el año 2003. Esto ocurre después del fallecimiento en el mes de febrero pasado de Orlando Zapata y del deterioro progresivo de salud de Guillermo Fariña, en ambos casos por causa de la huelga de hambre que mantuvieron en protesta por las violaciones a los derechos fundamentales de que son objeto. Junto a anunciar el acuerdo, Moratinos plantea la necesidad de eliminar la "Posición Común" asumida por los miembros de la Unión Europea en relación a Cuba.
La "Posición Común" consiste en una política obligatoria para todos los miembros de la Unión Europea (UE) adoptada en 1996 a partir de una iniciativa del entonces gobierno conservador español de José María Aznar, y adoptada por la unanimidad de los miembros de dicha Unión. La iniciativa manifiesta que el principal objeto de las relaciones de la UE con Cuba es la de favorecer un proceso de transición hacia una democracia pluralista y el respeto de los derechos humanos y libertades fundamentales, al tiempo que valora la apertura económica entonces naciente en la isla, y señala su intención de participar en ella. No contempla medidas o sanciones específicas, mas allá de expresar por distintas vías diplomáticas la necesidad de que exista una adscripción por parte de Cuba a los derechos humanos. Expresa su intención de mantener la cooperación económica y humanitaria con la isla. Es, en todo sentido, una declaración sin medidas coercitivas y que plantea una estrategia cooperativa para obtener cambios graduales en la situación de derechos humanos en Cuba, lo que contrasta con la posición frontal en las sanciones impuestas por Estados Unidos, que son ampliamente conocidas. La Posición Común exige una revisión de la situación de la isla semestralmente.
En 2003, ante el encarcelamiento de 75 opositores y la condena a muerte de 3 cubanos que secuestraron una barco para huir de la isla, la UE implementó sanciones. Ellas decían relación con un incremento de la participación de disidentes en actos en las embajadas en Cuba y una política mas activa en relación a la difusión de la situación de derechos humanos, como asimismo algunas medidas bastante tímidas de restricción de la cooperación cultural y los contactos políticos de alto nivel. Estas medidas fueron suspendidas en 2005 y abandonadas definitivamente en 2008, pese a mantenerse las razones que les dieron origen.
Luego del anuncio de liberación de los presos políticos por parte del Gobierno de Cuba tras negociaciones tripartitas con la Iglesia de Cuba y el canciller españos Miguel Angel Moratinos, éste anunció que consideraba innecesario mantener la Posición Común por parte de la UE. Con la liberación de los presos políticos encarcelados, el ahora socialista gobierno español logró evitar la imposición de sanciones mas drásticas a Cuba, justo en el momento en que corresponde hacer la revisión semestral de sus resultados, y en que aquél Madrid debe dejar la presidencia de la UE. De paso intenta desarmar la Posición Común, sentida como una camisa de fuerza heredada del gobierno de Aznar.
Las simpatías de los gobiernos socialistas con los hermanos Castro parecen hacer olvidar que Cuba es el último régimen totalitario del Hemisferio Occidental. La libertad de 52 presos políticos no impiden señalar que las leyes bajo las cuales fueron encarcelados siguen vigentes. La represión ejercida por el Estado Cubano sigue siendo brutal. Las libertades de asociación e información no constituyen derechos para los ciudadanos. La libertad ambulatoria es un principio por el que aun siguen muriendo quienes intentan salir de la isla. La libertad de educación queda subordinada al adoctrinamiento marxista en las escuelas y la libertad religiosa es también seriamente limitada.
La liberación de los presos de conciencia es una muestra de debilidad del régimen comunista ante el inminente incremento de sanciones por parte de la UE. En este estado de cosas lo que cabe es reforzar la presión internacional para obtener cambios permanentes que den paso a una democracia representativa y en pleno respeto de los derechos humanos. El Canciller Moratinos debe comprender que ni los intereses de las empresas españolas avecindadas en Cuba, ni la animadversión personal por las políticas del anterior gobierno del Partido Popular, pueden ser excusas para avalar la subsistencia del último régimen totalitario en América.

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