Las (nuevas) Cuestiones Valóricas

La Iglesia Católica ha determinado que los fieles fallecidos deben ser sepultados en terreno sagrado, el que se ubica exclusivamente en cementerios católicos. El Estado prohíbe la sepultación de fallecidos en cualquier lugar distinto de los cementerios públicos. La polémica crece. Los creyentes sienten que el Estado les cercena la posibilidad de que sus deudos alcancen el cielo, y el Estado afirma que es a él a quien corresponde, por motivos sanitarios, determinar los lugares aptos para inhumaciones. Los creyentes forman ligas que ayudan a la inhumación clandestina, en recintos sagrados, de los fallecidos. La policía persigue a los infractores. Se ven casos de personas fallecidas que son trasladadas maquilladas, sentadas en sus vehículos, a los lugares de sepultación.

No es una película de horror ni un caso extremo. Es ni mas ni menos que lo ocurrido en Chile hace unos 130 años atrás. Las cuestiones valóricas no tienen nada nuevo. Pese a que el conflicto entre los que dan connotación política a sus creencias religiosas, y aquellos que pretenden desvestir de toda influencia de fe las políticas públicas, es percibido como un enfrentamiento contemporáneo, lo cierto es que en Chile tiene raíces bien ancladas en los orígenes de la República.

En los primeros años después de la independencia la estructura político-social del país cambió poco. Si bien las referencias al Rey, el Virrey y el Gobernador se trasladaron al Director Supremo y luego al Presidente, el cuadro institucional general se mantuvo con alto grado de continuidad. La llegada de los primeros ingleses y norteamericanos a comerciar fue, en general, bienvenida por todos, pese a provenir de una raíz religioso-cultural distinta.

El advenimiento de la riqueza minera del norte a mediados del siglo XIX generó el desarrollo de una nueva clase adinerada, que se contrapuso a la oligarquía conservadora-agrícola tradicional. Este grupo se relaciona con la primera generación post guerra de independencia, que nace en un contexto de paz social y prosperidad económica. Así, en el norte surge el Partido Radical, y en Santiago, la Sociedad de la Igualdad. Ambos referentes se erigen en un rol antagónico a los sectores conservadores y al clero dominantes, el primero enarbolando el racionalismo como su bandera de lucha, y los segundos marcados por los ideales románticos.

Esta lucha derivaría, a finales del siglo, en las grandes leyes laicas: Registro Civil, Matrimonio Civil y Cementerios Laicos. Estas normas fueron ampliamente resistidas por los sectores tradicionales, que vieron en ellas un ataque a la Iglesia y sus prerrogativas. En este marco se dieron los conflictos a que hacíamos referencia al inicio de esta crónica. Sin embargo, se alcanzaron algunos puntos de acuerdo y el círculo se cerraría con la separación definitiva entre Iglesia y Estado consagrada en la Constitución de 1925.

Los gobiernos radicales,que dominaron la política chilena de mediados del siglo XX respetaron el rol de la Iglesia, sin perjuicio de insistir en el desarrollo de iniciativas de marcado laicismo, principalmente en el área de la educación, hasta entonces dominada ampliamente por el la acción de la Iglesia. Por otro lado los sectores conservadores responden con una mayor sensibilización social de sus posturas. Si bien siempre hubo iniciativas sociales de parte de sectores tradicionales, especialmente a contar de la segunda mitad del siglo XIX, estas se hacen mas patentes e institucionales al surgir, en el mismo seno del Partido Conservador, una vertiente influida significativamente por la Doctrina Social de la Iglesia, que finalmente se transformaría en la Democracia Cristiana.

La Iglesia Chilena en la segunda mitad del siglo XX comienza a adherir en forma cada vez mas firme a esta nueva linea, alejándose de las posturas mas conservadoras. En este estado de cosas la sorprende la crisis democrática de 1973. Ella se mantiene fiel a su desarrollado brazo social, manteniendo autonomía, y muchas veces antagonismo, frente al gobierno de Pinochet. De esta manera gana el respeto del mundo de izquierda, perseguido por la dictadura.

La restauración democrática sorprende a la Iglesia con un bien ganado prestigio social al haber sido un baluarte de la defensa de los Derechos Humanos. Paralelamente el poder es asumido por dos presidentes demócrata cristianos, con lo que se asegura un campo fértil para que los alcances políticos de sus propuestas sean oídas. Sin embargo, el ala izquierda de la Concertación gobernante presiona cambios en temas denominados "valóricos". Así, los antiguos conflictos por cementerios y partidas de nacimiento, matrimonio y defunción, resurgen bajo las denominaciones de divorcio, píldora del día después, aborto, uniones civiles homosexuales e incluso, educación pública.

Este nuevo debate pone contra la pared a los sectores conservadores, quienes reaccionan oponiéndose a todas las iniciativas. En el caso de la nueva ley de Matrimonio Civil el resultado fue el peor esperable: Una ley que permite el divorcio unilateral sin expresión de causa. El tema de la píldora del día después quedó finalmente reducido a un tema técnico (¿hay o no aborto?) y de información a los padres. El resto está por verse.

La Iglesia vuelve en estos temas a sus posiciones tradicionales, perdiendo ascendiente progresivamente sobre los sectores de izquierda y liberales. Los escándalos sexuales protagonizados por sacerdotes, y la forma de tratarlos por parte de la curia, minan su prestigio social y la hacen volcarse hacia una revisión de sus propias instituciones, perdiendo de alguna manera el foco en la orientación de sus fieles.

Se avisora un nuevo conflicto entre sectores conservadores y liberales, ahora en el poder por primera vez en 50 años en forma democrática. Lo que generó en su momento grandes conflictos al interior de la Concertación, amenaza también con hacerlo también con la Alianza. Los liberales y Conservadores del sector se enfrentan, existiendo en ambos lados pragmáticos y ortodoxos. Es muy probable que la solución vaya por el lado del mínimo común denominador, como fue lo que hizo la Concertación en sus 20 años de gobierno. De esta manera muchos temas serán resueltos de manera que resulte el menor daño al conglomerado, postergando muchas decisiones para futuras administraciones.

Los resultados esperables de dicha actitud pueden ser desastrosos. El dejar la pelota dando bote, puede devenir en un autogol, tal como ocurrió con la ley de Matrimonio Civil. Una actitud conservadora socialmente responsable exige hacerse cargo de los temas llamados "valóricos" no solo desde la perspectiva de leyes específicas. Junto a oponerse al aborto se requiere una política pro-vida que incluye la educación sexual, el apoyo del estado a la madre adolescente, la persecución criminal tanto de los parteros informales como de los médicos que las practican en clínicas privadas, etc. La defensa del matrimonio y la familia requiere acciones positivas en el sentido de restringir los horarios del comercio, desgravaciones tributarias por costos en educación, etc. La regulación de uniones civiles debe proteger a quienes hayan puesto sus activos e ingresos en común, pero cuidando los derechos de hijos y cónyuges.

En resumen, un adecuado desarrollo del mundo conservador requiere mucho mas que una simple oposición a lo que percibimos como cambios negativos. Por el contrario, requieren de una actitud compasiva, y un desarrollo real de política activas de defensa del modelo de vida que, mas allá de nuestras convicciones personales, contribuye a un mayor bienestar social.