Era 1983 y cursaba primer año de Derecho en la Universidad de Chile. Aun recuerdo la polémica que causó una separata preparada por el profesor Enrique Barros sobre la tolerancia con los intolerantes. El paso de los años hizo que el papel se oxidara y extraviara en los anaqueles del tiempo, pero la lección quedó grabada a fuego. La pregunta era álgida, ¿Debe la democracia tolerar a los intolerantes? Quizá mas álgida que ahora, considerando que la Constitución de 1980, en su versión 1.0, prohibía los partidos políticos que propugnaran el totalitarismo.
La formación alemana del Profesor Barros le llevó a concluir con claridad que la sociedad no tiene por que aceptar institucionalmente partidos o grupos totalitarios, sin que ello represente un atentado contra la libertad de conciencia. La experiencia del régimen nazi sin duda influyó en que la escuela alemana rechace todo tipo de totalitarismo, por sobre otras libertades.
La democracia es la expresión política de la libertad. Los seres humanos, iguales en dignidad y derechos, toman en sus manos la conducción del estado, ya sea en forma directa o a través de sus representantes. En este estado de cosas, ¿Tiene la sociedad civil la obligación de tolerar a aquellos que propugnan valores o realizan actos que atentan contra estas libertades y derechos? Resulta tan obvio decir que si, como resulta también obvio que el estado pueda regular el consumo de alcohol o drogas. Estas últimas actividades, pudiendo considerarse hechos de la vida privada de las personas, son reguladas y hasta prohibidas, no sólo por el daño potencial que su consumo puede generar a terceros, sinó que principalmente por ser fuente de alienación de la libertad del propio usuario. Se debe regular el consumo de sustancias cuyo uso signifique una disminución de los ámbitos de libertad de los mismos individuos que eligen consumirlas.
En este estado de cosas, pocos cuestionan el uso de la represión contra el comercio ilegal de alcohol y drogas. Nadie dice que un carabinero deteniendo a un conductor, luego de practicarle un alcotest con resultado positivo, sea un violador de los derechos fundamentales de las personas. Mucho menos si se trata de detener a un traficante de drogas o requisar una destilería ilegal de alcohol. La represión resulta consubstancial a cualquier sistema político, incluida la democracia.
En este sentido, se ha querido motejar al gobierno de antidemocrático por reprimir las manifestaciones públicas de estudiantes y gremios. Cabe cuestionarse si esta represión es legítima o no, pero no es posible de calificarla de antidemocrática por el sólo hecho de existir. En los hechos, mas allá de los ideales políticos y objetivos de la manifestación, esta pretendía utilizar espacios públicos de amplio flujo ciudadano, durante prácticamente un día hábil completo. Esto implicaba excluir su uso a otros ciudadanos, que se verían impedidos de desplazarse por esos lugares en los momentos en que se realizaran las manifestaciones. Esta exclusión, de por si sola, habilita a la autoridad a regularlas. Bien se pudo hacer un día no hábil (como ha ocurrido con éxito en otras oportunidades) o en lugares donde la alteración de la libertad de otros ciudadanos fuera menor. Pero no se quiso. La autoridad democrática actuó legitima y democráticamente al usar la fuerza para prohibirla y reprimirlas.
Otro tema es la razonabilidad de la fuerza utilizada. Sin duda resultó impresionante el despliegue de fuerza policial. Sin embargo, en los hechos, pese al gran número de detenidos, prácticamente no hubo heridos por la acción policial. De hecho, los principales damnificados fueron precisamente carabineros de servicio. No se puede sino felicitar a la fuerza policial por su temple al soportar las agresiones con un uso moderado de la fuerza.
Es necesario que la sociedad y los medios no se vean engañados por las imágenes que provocan las palabras fuerza y represión. Atendidas las circunstancias, estas son perfectamente legítimas al ser herramientas que la sociedad democrática delega en sus autoridades.
La formación alemana del Profesor Barros le llevó a concluir con claridad que la sociedad no tiene por que aceptar institucionalmente partidos o grupos totalitarios, sin que ello represente un atentado contra la libertad de conciencia. La experiencia del régimen nazi sin duda influyó en que la escuela alemana rechace todo tipo de totalitarismo, por sobre otras libertades.
La democracia es la expresión política de la libertad. Los seres humanos, iguales en dignidad y derechos, toman en sus manos la conducción del estado, ya sea en forma directa o a través de sus representantes. En este estado de cosas, ¿Tiene la sociedad civil la obligación de tolerar a aquellos que propugnan valores o realizan actos que atentan contra estas libertades y derechos? Resulta tan obvio decir que si, como resulta también obvio que el estado pueda regular el consumo de alcohol o drogas. Estas últimas actividades, pudiendo considerarse hechos de la vida privada de las personas, son reguladas y hasta prohibidas, no sólo por el daño potencial que su consumo puede generar a terceros, sinó que principalmente por ser fuente de alienación de la libertad del propio usuario. Se debe regular el consumo de sustancias cuyo uso signifique una disminución de los ámbitos de libertad de los mismos individuos que eligen consumirlas.
En este estado de cosas, pocos cuestionan el uso de la represión contra el comercio ilegal de alcohol y drogas. Nadie dice que un carabinero deteniendo a un conductor, luego de practicarle un alcotest con resultado positivo, sea un violador de los derechos fundamentales de las personas. Mucho menos si se trata de detener a un traficante de drogas o requisar una destilería ilegal de alcohol. La represión resulta consubstancial a cualquier sistema político, incluida la democracia.
En este sentido, se ha querido motejar al gobierno de antidemocrático por reprimir las manifestaciones públicas de estudiantes y gremios. Cabe cuestionarse si esta represión es legítima o no, pero no es posible de calificarla de antidemocrática por el sólo hecho de existir. En los hechos, mas allá de los ideales políticos y objetivos de la manifestación, esta pretendía utilizar espacios públicos de amplio flujo ciudadano, durante prácticamente un día hábil completo. Esto implicaba excluir su uso a otros ciudadanos, que se verían impedidos de desplazarse por esos lugares en los momentos en que se realizaran las manifestaciones. Esta exclusión, de por si sola, habilita a la autoridad a regularlas. Bien se pudo hacer un día no hábil (como ha ocurrido con éxito en otras oportunidades) o en lugares donde la alteración de la libertad de otros ciudadanos fuera menor. Pero no se quiso. La autoridad democrática actuó legitima y democráticamente al usar la fuerza para prohibirla y reprimirlas.
Otro tema es la razonabilidad de la fuerza utilizada. Sin duda resultó impresionante el despliegue de fuerza policial. Sin embargo, en los hechos, pese al gran número de detenidos, prácticamente no hubo heridos por la acción policial. De hecho, los principales damnificados fueron precisamente carabineros de servicio. No se puede sino felicitar a la fuerza policial por su temple al soportar las agresiones con un uso moderado de la fuerza.
Es necesario que la sociedad y los medios no se vean engañados por las imágenes que provocan las palabras fuerza y represión. Atendidas las circunstancias, estas son perfectamente legítimas al ser herramientas que la sociedad democrática delega en sus autoridades.
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