El movimiento social que vivimos resulta a todas luces sorprendente. Tras años de mea-culpa del sistema por la falta de participación política de toda la generación posterior al regreso a la democracia, ella irrumpió de la forma menos pensada, y ajena a lo que pudieron anticipar moros y cristianos. Se podrá cuestionar la filiación política de sus líderes, pero los intereses de los convocados parecen, y todo aquí es condicional y provisorio, estar ajenos a todo discurso ideológico, mas allá de la búsqueda de criterios de igualación social.
El comienzo del movimiento implicó una serie de requerimientos enfocados específicamente al área de la educación: fin del lucro en universidades y colegios particulares subvencionados, gratuidad de la educación universitaria, garantías de calidad de los procesos educativos y otros similares. Posteriormente se agregaron otros objetivos de carácter político: reforma constitucional, tributaria y re nacionalización del cobre.
En ese contexto, el movimiento estudiantil parecía una manipulación de algunos grupos políticos y de interés por levantar banderas que, desde el retorno a la democracia, han tenido poco enraizamiento en los partidos políticos mayoritarios, y en el electorado en general. Muchos en la oposición y otros cuerpos intermedios, como la CUT, creyeron encontrar su Dorado, intentando asociarse al éxito del movimiento. Sin embargo los hechos no les darían la razón. La petición de reformas políticas se ha ido desdibujando en el proceso, concentrándose en el aspecto puramente educacional. Hoy resulta raro escuchar consignas por la nacionalización de los recursos naturales. La propuesta de reformas políticas planteada por la DC al gobierno tuvo nulo eco en el movimiento estudiantil. El tiro de gracia fue el llamado a Paro de la CUT, que tuvo un muy tibio respaldo en la ciudadanía y en el que lo único rescatable fue la participación del movimiento estudiantil.
Hace no pocas semanas se pensaba que la irrupción de esta nueva generación podría generar un cambio radical en el cuadro político del país. Se daba por descontado que surgiría algún liderazgo político populista que podría canalizar esta fuerza imparable, haciendo trizas el sistema. Hoy esto parece no ser realista. Los intereses del movimiento estudiantil son firmes, pero acotados a áreas de interés específicos. Parecen ser impermeables a otros tipos de aventuras.
¿Significa esto que el movimiento será flor de un día y se desdibujará con el tiempo? Creemos que no. Los que tenemos mas de 40 y vivimos el cambio democrático en edad adulta podremos comprender el cambio de paradigma que el nuevo movimiento refleja. Los adultos no nos cansamos de observar que la gratuidad de la educación universitaria es regresiva en términos de distribución del ingreso, en tanto beneficia a las capas medias y altas en desmedro de los mas pobres. El encono contra los colegios subvencionados lo vemos como una rebelión contra aquellos que invirtieron sus recursos para permitir un incremento de la cobertura escolar en el país, algo que con los solos recursos del estado de los '80 era irrealizable.
Nuestro paradigma es la focalización del gasto. Venimos de un estado pobre y endeudado. En los '80 la deuda externa del país llego a cerca del 100% del producto y el ingreso per cápita alcanzaba a apenas U$$2.000. Los índices de cesantía alcanzaron en su peor momento el 30% y la pobreza llegaba a mas de 50% de la población. La política social de entonces implicó concentrar los pocos recursos del Estado en aquellos verdaderamente pobres, disminuyendo gran parte de las ayudas y subsidios a la clase media. Un ejemplo que los viejos recordarán fue cuando el gobierno militar eliminó el subsidio que entonces existía a la parafina. Los pobres se abrigaban con leña y carbón, siendo la parafina privilegio de las clases acomodadas (vaya cambio que hemos vivido). La encuesta Casen permitió generar indicadores de pobreza que facilitaron llegar con las ayudas estatales a quienes de verdad lo necesitaban. Era obvio que, con los escasos recursos que existían, se llamara a los privados a abrir colegios, permitiendo el aumento de la cobertura, sin que el Estado tuviera que invertir recursos de los que carecía. La educación universitaria, privilegio entonces, mas que ahora, de las capas medias y altas, se vio obligada a auto financiarse y a competir con nuevas instituciones privadas.
Fuera de este contexto, el rechazo a la gratuidad en la educación parece, como mis hijos me lo hacen notar a diario, una posición egoísta y falta de sensibilidad. Sin embargo, desde la perspectiva del viejo paradigma, resulta un acto de ineludible justicia social.
Han transcurrido mas de veinte años, y no han sido en vano. Los índices de pobreza e indigencia han caído en forma dramática. El ingreso per cápita bordea los US$15.000. Orgullo debe sentir la Concertación por lo logrado, en conjunto (y no a pesar de) la oposición de entonces. Sin embargo, hoy la encuesta Casen es cuestionada porque sus criterios dejan fuera de la elegibilidad para subsidios a enormes masas con acceso a refrigeradores, TV cable y otras bondades inimaginables en los '80. Dentro de éstos, por cierto, se encuentra la educación superior. Muchos estudiantes constituyen primera generación para sus familias con estudios superiores. Sin embargo el costo, y la calidad dudosa de algunos programas generaron el caldo de cultivo para la revuelta. Todo un sueño familiar se ve cuestionado por la perspectiva de subempleo para los ilustrados, y con una calidad de ilustración bastante desigual.
En este escenario se requiere repensar el rol del Estado. Hoy este tiene grandes recursos, pero no ilimitados. Mas aun, nada asegura que este estado de cosas permanezca en el tiempo. Una caída en el precio del cobre - y los viejos sabemos mucho de eso - podría complicar las finanzas públicas de manera radical, y de un día para otro. Despilfarros como el Transantiago, o el programa de subsidios habitacionales casi sin límites del gobierno de Bachelet - en que había familias que recibían dos y hasta tres subsidios - pueden llevarnos a un nivel de gasto e injusticia en la asignación de recursos de marca mayor. Se puede enseñorear el clientelismo y el dominio de los grupos de poder.
El nuevo desafío es poder construir un nuevo paradigma para el gasto fiscal, que reemplace aquel que nos fue tan útil en los '80 y los '90 por uno nuevo. El verdadero objetivo político de hoy debe ser encontrar una nueva encuesta Casen fundada en los valores básicos que como sociedad debemos acordar y que, a su vez, nos aleje de los riesgos del populismo. ¿Cuáles son estos nuevos valores que la política social debe proteger? No me atrevo a hacer una lista, pero creo que la promoción social y el cultivo del mérito deben estar al comienzo de ella, sin nunca descuidar a los mas pobres, de los que aun quedan muchos. Este es el verdadero consenso que hoy necesitamos.
El comienzo del movimiento implicó una serie de requerimientos enfocados específicamente al área de la educación: fin del lucro en universidades y colegios particulares subvencionados, gratuidad de la educación universitaria, garantías de calidad de los procesos educativos y otros similares. Posteriormente se agregaron otros objetivos de carácter político: reforma constitucional, tributaria y re nacionalización del cobre.
En ese contexto, el movimiento estudiantil parecía una manipulación de algunos grupos políticos y de interés por levantar banderas que, desde el retorno a la democracia, han tenido poco enraizamiento en los partidos políticos mayoritarios, y en el electorado en general. Muchos en la oposición y otros cuerpos intermedios, como la CUT, creyeron encontrar su Dorado, intentando asociarse al éxito del movimiento. Sin embargo los hechos no les darían la razón. La petición de reformas políticas se ha ido desdibujando en el proceso, concentrándose en el aspecto puramente educacional. Hoy resulta raro escuchar consignas por la nacionalización de los recursos naturales. La propuesta de reformas políticas planteada por la DC al gobierno tuvo nulo eco en el movimiento estudiantil. El tiro de gracia fue el llamado a Paro de la CUT, que tuvo un muy tibio respaldo en la ciudadanía y en el que lo único rescatable fue la participación del movimiento estudiantil.
Hace no pocas semanas se pensaba que la irrupción de esta nueva generación podría generar un cambio radical en el cuadro político del país. Se daba por descontado que surgiría algún liderazgo político populista que podría canalizar esta fuerza imparable, haciendo trizas el sistema. Hoy esto parece no ser realista. Los intereses del movimiento estudiantil son firmes, pero acotados a áreas de interés específicos. Parecen ser impermeables a otros tipos de aventuras.
¿Significa esto que el movimiento será flor de un día y se desdibujará con el tiempo? Creemos que no. Los que tenemos mas de 40 y vivimos el cambio democrático en edad adulta podremos comprender el cambio de paradigma que el nuevo movimiento refleja. Los adultos no nos cansamos de observar que la gratuidad de la educación universitaria es regresiva en términos de distribución del ingreso, en tanto beneficia a las capas medias y altas en desmedro de los mas pobres. El encono contra los colegios subvencionados lo vemos como una rebelión contra aquellos que invirtieron sus recursos para permitir un incremento de la cobertura escolar en el país, algo que con los solos recursos del estado de los '80 era irrealizable.
Nuestro paradigma es la focalización del gasto. Venimos de un estado pobre y endeudado. En los '80 la deuda externa del país llego a cerca del 100% del producto y el ingreso per cápita alcanzaba a apenas U$$2.000. Los índices de cesantía alcanzaron en su peor momento el 30% y la pobreza llegaba a mas de 50% de la población. La política social de entonces implicó concentrar los pocos recursos del Estado en aquellos verdaderamente pobres, disminuyendo gran parte de las ayudas y subsidios a la clase media. Un ejemplo que los viejos recordarán fue cuando el gobierno militar eliminó el subsidio que entonces existía a la parafina. Los pobres se abrigaban con leña y carbón, siendo la parafina privilegio de las clases acomodadas (vaya cambio que hemos vivido). La encuesta Casen permitió generar indicadores de pobreza que facilitaron llegar con las ayudas estatales a quienes de verdad lo necesitaban. Era obvio que, con los escasos recursos que existían, se llamara a los privados a abrir colegios, permitiendo el aumento de la cobertura, sin que el Estado tuviera que invertir recursos de los que carecía. La educación universitaria, privilegio entonces, mas que ahora, de las capas medias y altas, se vio obligada a auto financiarse y a competir con nuevas instituciones privadas.
Fuera de este contexto, el rechazo a la gratuidad en la educación parece, como mis hijos me lo hacen notar a diario, una posición egoísta y falta de sensibilidad. Sin embargo, desde la perspectiva del viejo paradigma, resulta un acto de ineludible justicia social.
Han transcurrido mas de veinte años, y no han sido en vano. Los índices de pobreza e indigencia han caído en forma dramática. El ingreso per cápita bordea los US$15.000. Orgullo debe sentir la Concertación por lo logrado, en conjunto (y no a pesar de) la oposición de entonces. Sin embargo, hoy la encuesta Casen es cuestionada porque sus criterios dejan fuera de la elegibilidad para subsidios a enormes masas con acceso a refrigeradores, TV cable y otras bondades inimaginables en los '80. Dentro de éstos, por cierto, se encuentra la educación superior. Muchos estudiantes constituyen primera generación para sus familias con estudios superiores. Sin embargo el costo, y la calidad dudosa de algunos programas generaron el caldo de cultivo para la revuelta. Todo un sueño familiar se ve cuestionado por la perspectiva de subempleo para los ilustrados, y con una calidad de ilustración bastante desigual.
En este escenario se requiere repensar el rol del Estado. Hoy este tiene grandes recursos, pero no ilimitados. Mas aun, nada asegura que este estado de cosas permanezca en el tiempo. Una caída en el precio del cobre - y los viejos sabemos mucho de eso - podría complicar las finanzas públicas de manera radical, y de un día para otro. Despilfarros como el Transantiago, o el programa de subsidios habitacionales casi sin límites del gobierno de Bachelet - en que había familias que recibían dos y hasta tres subsidios - pueden llevarnos a un nivel de gasto e injusticia en la asignación de recursos de marca mayor. Se puede enseñorear el clientelismo y el dominio de los grupos de poder.
El nuevo desafío es poder construir un nuevo paradigma para el gasto fiscal, que reemplace aquel que nos fue tan útil en los '80 y los '90 por uno nuevo. El verdadero objetivo político de hoy debe ser encontrar una nueva encuesta Casen fundada en los valores básicos que como sociedad debemos acordar y que, a su vez, nos aleje de los riesgos del populismo. ¿Cuáles son estos nuevos valores que la política social debe proteger? No me atrevo a hacer una lista, pero creo que la promoción social y el cultivo del mérito deben estar al comienzo de ella, sin nunca descuidar a los mas pobres, de los que aun quedan muchos. Este es el verdadero consenso que hoy necesitamos.
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